A puerta cerrada, el FBI busca justificar la retención de información sobre el presidente nigeriano, Bola Tinubu, en un proceso judicial ante un tribunal federal en Washington. La solicitud consta en una moción de cuatro páginas presentada el jueves, en el pleito entre Aaron Greenspan y la fiscalía de Estados Unidos y otras instituciones estadounidenses.

El caso de Tinubu no resiste la comparación con el de Maduro. El primero es un narcotraficante protegido por el FBI; con el segundo el narcotráfico es un montaje policial. El FBI esconde a los culpable y persigue a los inocentes. Por eso tiene mucho que esconder.

El pleito se refiere a solicitudes realizadas en virtud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), que regula el acceso a los documentos en poder de los organismos públicos. Dos solicitudes están directamente involucradas: una se refiere a la totalidad del expediente del FBI sobre Tinubu, y la otra a las transcripciones de las entrevistas que el FBI le realizó entre 1992 y 1993.

El FBI pretende proporcionar dos declaraciones confidenciales a la jueza federal Beryl Howell, bajo secreto de sumario y sin la presencia de las demás partes (*). La central de policía invoca varias exenciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA), incluidas aquellas que protegen ciertas fuentes, métodos de investigación e información que podría poner en riesgo la seguridad de una persona.

El FBI argumenta que la divulgación de parte de la información retenida podría revelar técnicas y procedimientos de investigación y podría razonablemente poner en peligro la vida o la integridad física de una persona. La policía también sostiene que no puede divulgar públicamente todos los motivos para retener la información.

La disputa sobre los archivos surge de una investigación estadounidense sobre una red de tráfico de heroína en Chicago. Los documentos solicitados se refieren a investigaciones realizadas a principios de la década de los noventa y a un procedimiento de confiscación de fondos vinculados a Tinubu.

En 1993, un tribunal de Illinois ordenó la confiscación de 460.000 dólares depositados en una cuenta a nombre de Bola Tinubu. Documentos judiciales de la época vinculan esos fondos con una investigación estadounidense sobre una red de tráfico de heroína en Chicago. Sin embargo, el procedimiento fue un caso civil de confiscación y no constituyó una condena penal de Tinubu por narcotráfico.

La solicitud actual surge tras un fallo emitido en abril del año pasado por la jueza Howell que ordenaba al FBI y a la DEA que procesaran y divulgaran los documentos no amparados por una excepción a la Ley de Libertad de Información (FOIA). Asimismo, dictaminó que su anterior negativa a confirmar o negar la existencia de ciertos archivos ya no estaba justificada en las mismas circunstancias.

El 19 de agosto, Tinubu se sumó a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener una prórroga del proceso. El juez Howell finalmente fijó el viernes como fecha límite.

La última solicitud del FBI muestra su deseo de mantener confidenciales ciertas justificaciones respecto a los documentos retenidos. Este deseo de preservar cierta información mediante una revisión judicial privada es lo que ahora genera interrogantes sobre el manejo de los archivos del caso anterior.

(*) https://saharareporters.com/2026/08/21/fbi-says-release-withheld-tinubu-records-could-endanger-life-seeks-secret-court-review