El Sudamericano 20/11/26
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Hay una operación política que suele pasar inadvertida detrás del discurso de la seguridad: transformar el conflicto social en un problema de orden público y presentar a quienes cuestionan las estructuras de poder como una amenaza para la sociedad. No se trata simplemente de más policías, más recursos o nuevas tecnologías de vigilancia. Detrás existe una concepción ideológica que delimita quién puede protestar, qué demandas son aceptables y hasta dónde puede llegar la respuesta del Estado.
La figura del «enemigo interno» no desapareció con la Guerra Fría. Cambió de lenguaje, incorporó nuevas categorías y se adaptó a otros escenarios. Pero conserva una función esencial: desplazar el debate sobre las causas del conflicto hacia la supuesta peligrosidad de quienes lo protagonizan. Así, la desigualdad, la precarización, la exclusión y la falta de derechos dejan de ocupar el centro de la discusión; en su lugar aparecen la amenaza, la violencia y la necesidad de restaurar el orden.
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1. La construcción del enemigo interno
La doctrina del enemigo interno tiene una historia concreta. Durante la Guerra Fría, bajo la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional, buena parte de las Fuerzas Armadas latinoamericanas fue formada para concebir la seguridad del Estado como una lucha permanente contra amenazas que no necesariamente provenían de otro país. El adversario podía estar dentro de las propias fronteras: partidos de izquierda, sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos estudiantiles, trabajadores movilizados y cualquier fuerza que cuestionara el orden político y económico establecido.
La operación ideológica era decisiva: el conflicto político dejaba de ser una expresión legítima de las contradicciones de la sociedad y pasaba a interpretarse como una amenaza a la seguridad nacional. El opositor se convertía en subversivo; el dirigente social, en agitador; la organización popular, en estructura peligrosa. Bajo esa lógica, la represión podía presentarse como una necesidad defensiva del Estado, incluso cuando su objetivo real era contener procesos de transformación social.
Esta doctrina no se mantuvo intacta ni todos los Estados la aplicaron de la misma manera. Sin embargo, varias de sus premisas sobrevivieron a las dictaduras y encontraron nuevas formas de expresión en las democracias: la identificación de amenazas internas, la ampliación de las facultades coercitivas y la subordinación de derechos y libertades a una noción de seguridad definida desde el poder.
El vocabulario también se renovó. Allí donde antes se hablaba de subversión, hoy se invocan el terrorismo, el extremismo, la radicalización, la violencia urbana o las amenazas híbridas. Algunas de estas categorías responden a fenómenos reales y requieren políticas específicas. El problema aparece cuando se utilizan de manera ambigua, se extienden indiscriminadamente o sirven para colocar bajo sospecha a organizaciones y movimientos que ejercen derechos políticos y sociales.
El enemigo interno, por tanto, no necesita llevar uniforme ni pertenecer a una organización clandestina. Basta con que sus demandas pongan en cuestión intereses que el poder considera intocables.
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2. El «orden social» como justificación
La expresión «orden social» parece describir una aspiración compartida: vivir sin violencia, con derechos garantizados y en condiciones de seguridad. Pero su utilización política puede esconder una definición mucho más estrecha: mantener el funcionamiento de las instituciones y las relaciones de poder sin que las demandas colectivas alteren demasiado su curso.
En esa concepción, el orden se confunde con la ausencia de conflicto. La protesta interrumpe la normalidad; la huelga afecta la actividad económica; la movilización ocupa calles y espacios públicos; la exigencia de cambios cuestiona decisiones gubernamentales. En vez de preguntarse por las causas que originan esas expresiones, el debate se desplaza hacia sus efectos sobre la circulación, la propiedad, la actividad comercial o la estabilidad institucional.
Así, el reclamo por derechos puede terminar presentado como una amenaza, mientras la respuesta represiva aparece como una acción destinada a proteger a la ciudadanía. La pregunta incómoda –por qué protesta la gente y qué condiciones hacen persistir el conflicto– queda relegada por otra mucho más conveniente para quienes gobiernan: cómo recuperar el control.
No se trata de negar la existencia de delitos ni de desconocer que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas. Se trata de distinguir entre perseguir conductas criminales concretas y tratar la protesta social como si fuera, por definición, una amenaza. Cuando esa frontera se desdibuja, el derecho a manifestarse queda sometido a una autorización tácita del poder: se tolera mientras no incomode demasiado.
Las restricciones y operaciones policiales contra movilizaciones de solidaridad con Palestina en países como Alemania, Francia, Reino Unido y Estados Unidos ilustran esta tensión. Un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), publicado en octubre de 2025, documentó restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación en esos cuatro países, así como una creciente criminalización de expresiones de solidaridad con el pueblo palestino. No es un fenómeno idéntico en cada lugar, pero sí una señal de cómo el lenguaje de la seguridad puede utilizarse para reducir el espacio de disidencia.
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3. La militarización del control social: una tendencia internacional
La militarización del control social no significa necesariamente que los ejércitos asuman directamente todas las tareas policiales. También se expresa en la incorporación de métodos, equipamiento, entrenamiento y concepciones operativas propias del ámbito militar a las labores de seguridad interior. Se amplían las capacidades de vigilancia, se refuerzan unidades antidisturbios y se normaliza la intervención de fuerzas con preparación militar en escenarios de conflicto social.
En distintos países, estas tendencias aparecen bajo fórmulas institucionales diferentes. En algunos casos se amplían las atribuciones de las policías; en otros se recurre a fuerzas militares para tareas de seguridad interna o se crean unidades especializadas para enfrentar disturbios. El argumento suele ser parecido: las instituciones existentes no tendrían capacidad suficiente para responder a nuevas amenazas y, por tanto, se requiere una estructura más preparada, equipada y contundente.
Bélgica ofrece un ejemplo reciente. En noviembre de 2026, los ministerios de Defensa e Interior alcanzaron un acuerdo de principio para avanzar en la creación de una unidad policial con entrenamiento militar, presentada como una «Gendarmería 2.0». La propuesta, impulsada por el ministro de Defensa Theo Francken y discutida con su homólogo del Interior, Bernard Quintin, contempla el apoyo de personal formado por Defensa para intervenir ante grandes disturbios. La antigua Gendarmería belga había sido disuelta en 2001; ahora se plantea recuperar parte de esa lógica bajo una nueva estructura.
El caso no demuestra por sí solo que Bélgica esté instalando un dispositivo destinado a reprimir protestas legítimas. Pero sí pone sobre la mesa una discusión de fondo: qué lugar se asigna a la formación militar en el control del espacio público y qué límites se establecen para impedir que la gestión de manifestaciones termine tratándose como una operación contra un adversario.
La cuestión es especialmente relevante cuando las políticas de seguridad comienzan a responder a una concepción cada vez más amplia del riesgo. Si una movilización multitudinaria, una huelga o una protesta territorial se incorpora al mismo horizonte operativo que las amenazas criminales, la frontera entre seguridad pública y control político puede volverse peligrosamente difusa.
La tendencia no consiste en que todos los países adopten una misma estructura, sino en que se consolide una matriz: más capacidades coercitivas, mayor presencia de tecnologías de vigilancia y una creciente disposición a responder a los conflictos sociales desde una lógica de contención.
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4. Chile: del estallido social al fortalecimiento policial
Chile ofrece un caso especialmente revelador. Carabineros no es una institución policial de carácter civil: posee una estructura militarizada, jerarquías, formación y tradiciones institucionales propias de ese modelo. Su papel durante la dictadura y, posteriormente, en el control de las movilizaciones sociales ha estado marcado por una relación conflictiva con el ejercicio de los derechos humanos.
El estallido social de octubre de 2019 dejó esa realidad expuesta ante el país y la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que la mayoría de quienes participaron en las manifestaciones ejerció pacíficamente su derecho a reunión. Al mismo tiempo, documentó graves violaciones cometidas por agentes del Estado: uso excesivo o innecesario de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, violencia sexual y lesiones provocadas por el uso indebido de armas menos letales.
El informe también advirtió que Carabineros no distinguió de manera adecuada entre manifestantes pacíficos y personas que protagonizaban hechos violentos, y que utilizó la fuerza incluso para dispersar concentraciones pacíficas o impedir que sus participantes llegaran a los puntos de reunión.
Aquello debió abrir un proceso profundo de transformación institucional: revisar la doctrina de actuación, modificar los protocolos de uso de la fuerza, fortalecer los mecanismos externos de fiscalización, garantizar responsabilidades y establecer controles efectivos sobre una institución con capacidad de ejercer violencia legítima en nombre del Estado.
Durante la campaña presidencial, Gabriel Boric había planteado la necesidad de refundar Carabineros. Sin embargo, una vez en el gobierno, esa promesa fue desplazada progresivamente por una política centrada en el fortalecimiento de sus capacidades operativas, presupuestarias y legislativas. Un estudio académico publicado en 2025 por Lucía Dammert, Manuela Gil-Valles y Pedro Carvallo describe precisamente ese tránsito: desde la promesa de refundación hacia la consolidación de Carabineros, mediante medidas de fortalecimiento institucional.
Las cifras oficiales permiten observar la dimensión de ese proceso. Según la Cuenta Pública Participativa del Ministerio del Interior de 2024, el presupuesto de Carabineros aumentó un 10,7% entre 2022 y 2023, y otro 5,5% entre 2023 y 2024. La misma cuenta informó que desde 2022 se habían destinado 103 mil millones de pesos a equipamiento y tecnología para la institución, incluyendo vehículos blindados, drones, sistemas de geolocalización, identificación balística y cámaras termales. También se informó la entrega de 1.054 vehículos dentro del plan de reposición de su parque automotor.
Estos recursos fueron presentados por el Gobierno como parte de la estrategia para enfrentar el crimen organizado, mejorar la capacidad operativa y responder a las necesidades de seguridad pública. No corresponde afirmar que cada vehículo, dron o sistema tecnológico haya sido adquirido para reprimir manifestaciones. El punto crítico es otro: el fortalecimiento material y operativo avanzó con mucha mayor claridad que la transformación estructural de la institución y sus mecanismos de control.
A ello se sumó la Ley 21.560, conocida como Ley Naín-Retamal, promulgada en abril de 2023. La normativa introdujo modificaciones destinadas a fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial, incluyendo disposiciones relacionadas con la legítima defensa privilegiada y el tratamiento penal de determinadas actuaciones de funcionarios policiales y de las Fuerzas Armadas. Su aprobación fue presentada como una respuesta a la necesidad de respaldar a quienes cumplen funciones de seguridad. Pero también abrió cuestionamientos sobre el alcance de las protecciones legales y el riesgo de dificultar la rendición de cuentas ante eventuales abusos.
El balance académico del período Boric identifica, precisamente, una consolidación policial en los planos legislativo, presupuestario y simbólico. Y los informes internacionales posteriores han seguido señalando problemas pendientes en materia de reforma y control de las fuerzas de seguridad.
La contradicción política es evidente. Un gobierno que llegó al poder con la promesa de transformar una institución cuestionada por graves violaciones a los derechos humanos terminó priorizando su fortalecimiento operativo. La discusión sobre una reforma profunda fue cediendo terreno ante la urgencia de exhibir capacidad de respuesta frente a la inseguridad.
El resultado no es simplemente que Carabineros disponga de más recursos. Es que una institución cuya actuación durante el estallido social exigía una revisión estructural recibió nuevas herramientas, respaldo legal y mayor capacidad material sin que la refundación anunciada se concretara en los términos prometidos.
Y aquí aparece la pregunta que atraviesa todo este debate: ¿qué ocurre cuando el Estado fortalece sus instrumentos de coerción más rápido de lo que fortalece los mecanismos que deben limitar su ejercicio?
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5. El proyecto ideológico detrás de la seguridad
La construcción del enemigo interno no depende exclusivamente de las instituciones policiales. Requiere también un trabajo político, comunicacional y cultural que prepare a la sociedad para aceptar determinadas respuestas del Estado.
Los medios de comunicación desempeñan un papel importante cuando reducen conflictos complejos a imágenes de enfrentamientos, daños materiales y alteraciones del tránsito; cuando exhiben reiteradamente la protesta como sinónimo de violencia, pero apenas indagan en las causas que la originan; o cuando convierten las demandas de trabajadores, estudiantes, pueblos originarios y organizaciones populares en expresiones de desorden que deben ser neutralizadas.
La operación consiste en instalar una asociación persistente: movilización equivale a amenaza; organización popular equivale a radicalización; cuestionamiento del modelo equivale a inestabilidad. De ese modo, el debate público se desplaza desde las responsabilidades políticas y económicas hacia la conducta de quienes protestan.
También se construye una jerarquía de derechos. La propiedad, la circulación y la continuidad de la actividad económica aparecen como bienes que deben protegerse de manera inmediata, mientras que el derecho a la manifestación, la huelga y la organización colectiva queda condicionado por una noción de orden que puede modificarse según las conveniencias del gobierno de turno.
Esta lógica facilita la normalización de medidas excepcionales: vigilancia más extensa, identificación de dirigentes, seguimiento de organizaciones, restricciones al espacio público y ampliación de las facultades policiales. Cada medida se presenta como una respuesta técnica a una amenaza concreta, pero el conjunto puede terminar configurando un aparato de control cada vez más amplio sobre la sociedad.
El problema no es que el Estado investigue delitos, persiga redes criminales o proteja a la población frente a la violencia. Esa es una responsabilidad legítima. El problema comienza cuando la categoría de amenaza se expande hasta incluir expresiones de disenso que forman parte de la vida democrática.
En ese punto, la seguridad deja de ser solamente una política de protección ciudadana y se convierte en un instrumento para administrar el conflicto social. Ya no se trata únicamente de impedir delitos, sino de establecer qué formas de organización, protesta y transformación pueden desarrollarse sin poner en cuestión los intereses que sostienen el orden vigente.
El proyecto ideológico se vuelve especialmente eficaz cuando logra que la propia sociedad considere razonable restringir sus derechos para proteger una estabilidad que, en realidad, no garantiza igualdad, justicia ni dignidad para las mayorías.
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6. ¿Qué orden se está defendiendo?
Toda sociedad necesita normas de convivencia y mecanismos para proteger a sus integrantes. Pero el orden público no puede confundirse con la conservación de privilegios, ni la estabilidad institucional con la obligación de aceptar las desigualdades existentes. Una sociedad no es más justa porque sus calles permanezcan silenciosas, ni más democrática porque sus conflictos sean invisibilizados o reprimidos.
La protesta no es una anomalía que deba desaparecer. Es una expresión de la vida política, una herramienta histórica de los pueblos para conquistar derechos y disputar decisiones que afectan sus condiciones de existencia. Muchas de las conquistas sociales que hoy se presentan como parte natural de la democracia fueron alcanzadas precisamente mediante movilizaciones que, en su momento, también fueron calificadas de perturbadoras del orden.
Por eso, cuando un gobierno invoca la seguridad para deslegitimar demandas sociales, no basta con examinar cuántos policías despliega, qué equipamiento adquiere o qué nuevas atribuciones recibe. Hay que preguntarse qué concepción de sociedad está detrás de esas decisiones, qué intereses busca proteger y qué lugar reserva a quienes cuestionan el rumbo político y económico.
El enemigo interno es, en definitiva, una construcción que permite convertir una disputa por derechos en un problema de seguridad. Y el «orden social» puede terminar funcionando como una fórmula para exigir obediencia mientras se mantienen intactas las condiciones que producen desigualdad, exclusión y conflicto.
La pregunta no es si debe existir orden. La pregunta es quién lo define, a quién beneficia y contra quién se utiliza la fuerza del Estado.
Porque cuando la tranquilidad de los poderosos exige el silencio de los pueblos, lo que se está defendiendo no es la convivencia democrática: es un orden de privilegios que necesita presentar la protesta como amenaza para no tener que responder por sus propias injusticias.
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Fuentes:
– https://academic.oup.com/edited-volume/40215/chapter-abstract/344572158
– https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0095327X8901500305
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– https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_EN.pdf
– www.revistaeggp.uchile.cl/index.php/REGP/article/view/80077/80940
– https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/chile
– https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1191005&idParte=10421806&idVersion=2023-04-10
– https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1191005 https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/chile
– https://www.subinterior.gob.cl/noticias/2023/05/26/se-realizo-la-cuenta-publica-participativa-del-ministerio-del-interior-y-seguridad-publica
– https://www.subinterior.gob.cl/noticias/2024/05/31/ministra-toha-destaco-avances-concretos-en-la-cuenta-publica-participativa-del-ministerio-del-interior-y-seguridad-publica-2024