Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista
04/08/26
Tras salir a la luz la escandalosa compra con dinero público de un ático de super lujo para uso y disfrute de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, se sucedieron una serie de excusas y explicaciones en las que se aludía a unas supuestas obras que se iban a realizar en la Real Casa de Correos de Madrid, antigua Dirección General de Seguridad (DGS) franquista y sede del gobierno de la Comunidad y que justificaban el traslado de la presidenta a ese ático de lujo que solo puede tener uso residencial, dado que en Madrid, desde hace más de 40 años, las oficinas no pueden situarse por encima del primer piso, salvo en edificios dedicados a ese uso particular.
Conociendo el descaro y la inquina contra la memoria democrática que sustenta el gobierno del PP de Madrid –y Díaz Ayuso en particular–, que se niega a resignificar ese edificio que albergó los despachos y calabozos de la Brigada Político Social (BPS) donde se torturaba y se llegó a asesinar a personas que lucharon contra la dictadura franquista o a quienes les aplicaron las leyes de Vagos y Maleantes o la de Peligrosidad Social, los colectivos de memoria democrática y asociaciones de víctimas del franquismo han elaborado un comunicado en el que llaman la atención sobre estas supuestas obras de las que no se conoce absolutamente nada y las posibles intenciones de eliminar vestigios del pasado, como pueden ser los calabozos, y torpedear aún más lo que desde hace tantos años es una petición del movimiento memorialista: que se resignifique ese lugar y que se puedan visitar los calabozos.
El Comunicado lo reproducimos a continuación:
En Madrid, a 31 de julio de 2026
Los colectivos de Memoria de la Comunidad de Madrid que conformamos la Plataforma por
la Defensa del Memorial estamos preocupados por el estado actual de la Real Casa de
Correos, ante las noticias difundidas en los diferentes medios de comunicación, a lo largo de
esta semana, y que alertan de las posibles obras que, con total opacidad, el Gobierno actual,
presidido por Isabel Díaz Ayuso, quiere acometer. La falta de transparencia nos hace dudar
sobre la realidad de estas reformas y que puedan atentar, especialmente, contra los sótanos,
espacio que significa tortura, violencia, malos tratos y violaciones contra los Derechos
Humanos durante la dictadura franquista y la transición.
Como bien se sabe, en el centro neurálgico de Madrid, se halla la Puerta del Sol, conocida
como la Real Casa de Correos, y que, en la actualidad, es la sede de la Comunidad de Madrid.
Pero la historia de este edificio se remonta mucho más atrás. De 1939 hasta 1983 albergó la
Dirección General de Seguridad (DGS) organismo encargado de dirigir la represión política
contra los luchadores y luchadoras antifranquistas.
En los despachos y calabozos de la DGS se practicaron las mayores atrocidades, como
atestiguan los casos más conocidos de Lluis Companys, Tomás Centeno, Cristino García
Granda, Julián Grimau, Francisco Granado, Joaquín Delgado, Humberto Baena, José Luis
Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz, que poco después de su paso por este centro de terror
franquista, fueron asesinados por garrote vil o fusilamientos. También numerosas mujeres
fueron torturadas salvajemente como ocurrió con Juana Doña, Tomasa Cuevas, Manolita del
Arco, Concha Tristán o María Jesús Dasca. Las torturas y malos tratos siguieron
practicándose durante los años de la transición sangrienta ya que no hubo depuración alguna
de los cuerpos represivos de la dictadura.
Estos actos han hecho alzar la voz de nuestra Plataforma una y mil veces, de cara a que se
cumpla la Ley de Memoria Democrática de 2022 que, en el punto II de su Preámbulo, señala
que se ha de reconocer, reparar y dignificar la memoria de las personas, y que es un ejercicio
moral inexcusable, si se quiere contribuir a la calidad democrática, a la convivencia sobre
unas bases firmes y éticas, y consolidando el ordenamiento constitucional basado en la
verdad, en la justicia y en el no olvido para evitar la repetición.
En virtud de esta ley, la Real Casa de Correos fue declarada, el pasado 20 de octubre de
2025, como Lugar de Memoria Democrática. Desde esa fecha, la Comunidad de Madrid, con
Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, se ha negado, de forma reiterada, a cumplir la Ley de Memoria
Democrática. Esta Declaración conllevaría poner una placa conmemorativa en la fachada
exterior, disponer los nombres y apellidos de las personas detenidas, torturadas y asesinadas,
así como abrir los antiguos calabozos para que sean visitables, y de esta forma, que la
ciudadanía y el resto de interesados e interesadas conozcan la verdad histórica ocultada de
ese lugar.
Ahora, tenemos conocimiento de las obras de remodelación que se desean acometer, para
las cuales no hay ningún signo, ni documento, ni partida presupuestaria publicada en el Portal
de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Y se teme que dichas acciones afecten a las
zonas indicadas, restándoles toda su significatividad y testimonialidad como elementos
memoriales, siendo una forma ilícita de subvertir el ordenamiento jurídico que pesa sobre el
edificio.
Por otra parte, y según reza en la propia web de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de
Correos goza, además, de la máxima protección como Bien de Interés Cultural por su
extraordinario valor arquitectónico, histórico y artístico, lo que cualquier cambio estructural
tanto dentro como fuera del edificio, iría en contra de la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de
Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. En su Artículo 32, apunta al deber de
conservación que tienen «las personas que tengan la condición de propietarias, poseedoras
y demás titulares de derechos reales sobre los bienes culturales del patrimonio cultural de la
Comunidad de Madrid, están obligadas a conservarlos, cuidarlos, protegerlos y utilizarlos
debidamente para asegurar su integridad, y evitar su pérdida, destrucción o deterioro, en los
términos establecidos por la legislación vigente en materia de urbanismo, de protección del
patrimonio urbano y arquitectónico y de patrimonio cultural», con lo cual, cualquier remoción
o remodelación del espacio deberá entrar dentro del marco legislativo de la Ley de Patrimonio
Histórico 16/1985, en la que se regulan los bienes inmuebles de interés cultural.
Por estos motivos, la Plataforma en Defensa del Memorial y los colectivos de memoria de la
Comunidad de Madrid, exigimos información veraz y contrastada sobre las obras que,
supuestamente, se van a llevar a cabo en la sede del gobierno regional, de cara a comprobar
que se respetan y se cumplen unos y otros marcos legales.
¡Por la transparencia en las acometidas en la Real Casa de Correos, acordes con la
legislación vigente!
¡Por la significación de la antigua DGS como Lugar de Memoria!
COLECTIVOS DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO DE
MADRID