Los esfuerzos por gestionar el conflicto sin desmantelar las estructuras del colonialismo de asentamiento han producido una ocupación más profunda, la expansión de los asentamientos y una mayor fragmentación.
Tras el surgimiento de la iniciativa « Dos Estados en una Patria» como propuesta política, han surgido cada vez más interrogantes en los círculos académicos y políticos palestinos, así como entre activistas de la solidaridad internacional, sobre las diferencias fundamentales entre este modelo y la visión promovida por la ODSC. A primera vista, ambos proyectos parecen compartir características importantes. Ambos reconocen que el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo se ha convertido en un único espacio geopolítico y económico, lo que hace cada vez más imposible la partición territorial tradicional prevista en el proceso de Oslo. Ambos también reconocen que la fórmula clásica de dos Estados ha llegado a un punto muerto histórico.
Esta aparente convergencia, sin embargo, oculta una divergencia mucho más profunda. Bajo el vocabulario compartido subyace una comprensión fundamentalmente diferente de la naturaleza del conflicto, el significado de la justicia y el futuro político de Palestina. Mientras que la propuesta de Dos Estados en una Patria busca preservar la lógica básica de la partición de forma modificada, la Campaña por un Estado Democrático Sostiene que los supuestos políticos, legales y morales que sustentan la partición se han derrumbado. Por lo tanto, el desacuerdo no es meramente institucional o constitucional; concierne al marco mismo a través del cual Palestina debe ser comprendida y descolonizada.
La importancia de este debate ha crecido a medida que la iniciativa Dos Estados en una Patria se ha institucionalizado cada vez más, atrayendo financiación externa y la participación de algunos académicos e investigadores palestinos, particularmente de Israel. Por el contrario, la Campaña por un Estado Democrático (ODSC), una organización liderada por palestinos, ha mantenido su carácter de campaña política voluntaria desde su creación. Reúne a palestinos de todos los sectores de la población —incluidos ciudadanos de Israel, palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, habitantes de Jerusalén y la diáspora— junto con académicos y activistas judíos israelíes comprometidos con los principios anticoloniales y antisionistas. Esta amplia composición social y política ha otorgado a la campaña un mayor grado de legitimidad en sectores importantes del discurso político palestino, lo que la ha hecho ampliamente aceptada entre los palestinos. Además, el proyecto ODSC se inspira en la visión original de la Organización para la Liberación de Palestina, en lugar de ser un marco presentado o impuesto por potencias extranjeras. Esta originalidad la hace mucho más atractiva y convincente.
Es igualmente importante aclarar que el surgimiento de la Campaña por un Estado Democrático Único nunca fue simplemente una reacción al colapso de la solución de dos Estados. Si bien el fracaso acelerado de la partición sin duda reforzó su relevancia, la campaña se originó a partir de una convicción más amplia: que no se puede lograr una paz duradera sin justicia histórica. Su premisa central es que la cuestión palestina no es fundamentalmente una disputa fronteriza que requiera un compromiso territorial, sino una cuestión colonial de asentamiento que exige descolonización. En consecuencia, el objetivo no es simplemente reemplazar una fórmula política inviable con otro arreglo constitucional, sino establecer un marco capaz de abordar las injusticias históricas sobre las que se construyó el orden colonial vigente.
Este debate ha cobrado aún mayor urgencia durante la guerra que Israel libra en Gaza. Ante la catástrofe humanitaria inmediata y la imperiosa necesidad de sobrevivir, la reflexión política sobre el futuro corre el riesgo de quedar marginada y pospuesta indefinidamente. Sin embargo, precisamente en momentos de profunda violencia, la claridad estratégica se vuelve indispensable. Si Palestina se entiende como un caso de liberación anticolonial, y no simplemente como un sufrimiento humanitario, entonces desarrollar un horizonte político coherente se convierte en una dimensión esencial de la resistencia misma. Proteger la conciencia política colectiva de propuestas que ocultan las raíces estructurales del conflicto es, por tanto, tan importante como afrontar sus manifestaciones inmediatas.
Esta necesidad se hace particularmente evidente a medida que la diplomacia internacional intenta cada vez más revivir variantes del paradigma de los dos Estados. Si bien estas iniciativas suelen presentarse como esfuerzos pragmáticos para restablecer la paz, rara vez abordan las realidades que hicieron imposible la partición en primer lugar: la continua expansión de los asentamientos, la fragmentación del territorio palestino, la institucionalización de sistemas jurídicos desiguales y la constante negación de los derechos nacionales y de los refugiados palestinos.
En este contexto, los renovados llamamientos a la partición a menudo parecen estar menos preocupados por garantizar la justicia para los palestinos que por preservar la legitimidad internacional de Israel, evitando al mismo tiempo una rendición de cuentas significativa por décadas de ocupación, colonización y despojo sistemático.
La principal diferencia entre ambas visiones políticas radica en sus interpretaciones contrapuestas del conflicto en sí. Si el conflicto se entiende principalmente como una disputa nacional entre dos pueblos con derechos históricos iguales sobre el mismo territorio, entonces un compromiso mediante la partición —o alguna versión modificada de la misma— puede parecer razonable. Esta interpretación fomenta, naturalmente, acuerdos institucionales diseñados para equilibrar las identidades nacionales en conflicto, preservando al mismo tiempo las soberanías individuales.
La campaña «Un Estado Democrático» rechaza este marco analítico. Sostiene que Palestina debería entenderse, en cambio, como un caso clásico de colonialismo de asentamiento y apartheid, en el que una población indígena fue desposeída y reemplazada mediante un proyecto continuo de eliminación, expansión territorial, discriminación legal e ingeniería demográfica.
Desde esta perspectiva, la justicia no puede consistir simplemente en regular las relaciones entre dos entidades nacionales. Más bien, exige desmantelar las estructuras coloniales que en primer lugar generaron violencia brutal y desigualdad, y reemplazarlas por un orden constitucional democrático único basado en la igualdad de ciudadanía, los derechos individuales y la igualdad colectiva para todos los habitantes del país.
Esta diferencia explica por qué la campaña considera engañosas propuestas como la de Dos Estados en una Patria , a pesar de su aparente alejamiento del modelo tradicional de dos Estados. En lugar de superar la partición, la propuesta intenta rescatarla preservando dos Estados nacionales —Israel y Palestina—, al tiempo que abre las fronteras, permite la residencia recíproca y crea instituciones compartidas selectas inspiradas en parte en la experiencia de la integración europea. Si bien estas innovaciones representan sin duda un alejamiento del marco de Oslo, no obstante, mantienen intacto el principio fundamental de que la soberanía debe seguir organizándose en torno a Estados nacionales separados.
La analogía con la Unión Europea resulta, en este sentido, profundamente problemática. La integración europea surgió entre estados soberanos que se reconocieron mutuamente tras el fin de las guerras imperiales. El caso palestino, en cambio, se refiere a una relación colonial de asentamientos que persiste, en la que un estado continúa ejerciendo una abrumadora dominación política, militar y jurídica sobre otra población.
El principal obstáculo no reside, por tanto, únicamente en la existencia de fronteras, sino en el sistema colonial que creó y sigue perpetuando relaciones de poder desiguales. Abrir las fronteras sin desmantelar esa estructura conlleva el riesgo de atenuar algunas de sus manifestaciones visibles, dejando intacta su lógica subyacente. Además, bajo este paradigma deficiente, el Estado israelí continuaría controlando el 78% de la Palestina histórica, lo que representa una grave injusticia. Por consiguiente, sería imposible convencer a la mayoría de los palestinos, quienes deberían ser los artífices de su propia liberación.
Justicia, descolonización y democracia
Las implicaciones prácticas de estos marcos teóricos contrapuestos se hacen especialmente evidentes al examinar tres cuestiones que se encuentran en el centro de la cuestión palestina: el derecho al retorno, los asentamientos israelíes y la naturaleza misma de la democracia.
Para la Campaña por un Estado Democrático Único, los refugiados palestinos no son una cuestión humanitaria que deba gestionarse mediante compensaciones, reconocimiento simbólico o reasentamiento limitado. Son titulares de un derecho legal y político inalienable a regresar a su patria y a participar en igualdad de condiciones en la reconstrucción de un Estado democrático. Por lo tanto, el derecho al retorno no es un obstáculo para la paz, sino uno de sus fundamentos indispensables. Un acuerdo político que no restablezca este derecho no puede pretender alcanzar la justicia histórica, porque deja sin resolver el acto original de despojo y eliminación sobre el que se cimentó el conflicto.
La propuesta de Dos Estados en una Patria se enfrenta a un dilema fundamental en este asunto. Mientras Israel siga siendo un Estado-nación judío, el retorno de millones de refugiados palestinos pondría inevitablemente en entredicho los fundamentos demográficos y políticos sobre los que se define dicho Estado. En consecuencia, quienes defienden la propuesta suelen recurrir a fórmulas de compromiso: el retorno principalmente a un Estado palestino, el retorno simbólico, cuotas negociadas u otros acuerdos especiales. Si bien se presentan como pragmáticos, estos enfoques reproducen, en la práctica, las mismas limitaciones que caracterizaron el proceso de Oslo, al subordinar un derecho establecido a la viabilidad política. El resultado no es una verdadera solución a la cuestión de los refugiados, sino su postergación indefinida y su eventual eliminación.
Una tensión similar surge en relación con los asentamientos israelíes. Los partidarios de la solución de dos Estados en una patria argumentan generalmente que los colonos podrían permanecer en sus lugares como ciudadanos israelíes residentes en el Estado palestino, del mismo modo que los palestinos podrían residir en Israel bajo acuerdos recíprocos. Si bien esta propuesta busca evitar otro ciclo de desplazamiento, deja sin respuesta una pregunta más fundamental: ¿pueden los asentamientos establecidos mediante la colonización transformarse simplemente en comunidades civiles ordinarias sin abordar la injusticia que los originó?
Una perspectiva decolonial insiste en que la justicia transicional requiere más que una coexistencia pacífica. Exige el reconocimiento de las injusticias históricas, la restitución de derechos siempre que sea posible y la transformación de las instituciones que han perpetuado políticas de borrado y desigualdad. La reconciliación no puede construirse sobre la normalización de los resultados coloniales sin modificar las estructuras mediante las cuales se confiscaron tierras, se desplazaron comunidades y se institucionalizaron privilegios legales.
Al mismo tiempo, la Campaña por un Estado Democrático Único rechaza cualquier visión basada en el castigo colectivo o la exclusión de los judíos israelíes. No considera a los israelíes judíos como enemigos permanentes, a pesar de que la mayoría apoyó el genocidio en Gaza. Más bien, distingue entre los individuos que se han integrado a la realidad social del país y el sistema colonial de asentamiento que les otorgó privilegios políticos desiguales. El objetivo, por lo tanto, no es ni la expulsión ni la reversión de la dominación, sino la abolición del privilegio institucional en sí mismo. La igualdad exige reemplazar un orden político etnocrático por un marco constitucional democrático en el que la ciudadanía derive de la pertenencia política común, y no de la identidad étnica o religiosa.
Este compromiso refleja la visión más amplia que tiene la campaña sobre la descolonización. A menudo, la descolonización se malinterpreta como venganza o reemplazo demográfico. De hecho, significa algo fundamentalmente distinto: desmantelar las estructuras legales, políticas y constitucionales que organizan los derechos según una jerarquía etnonacional. El objetivo no es reemplazar un sistema de dominación por otro, sino establecer un sistema político democrático donde la soberanía pertenezca por igual a todos los ciudadanos y donde tanto los derechos individuales como los colectivos estén protegidos constitucionalmente.
El contraste entre ambos proyectos se hace igualmente evidente en su concepción de la democracia. Bajo el modelo de Dos Estados en una Patria , la democracia permanece confinada a dos Estados-nación separados. Israel continúa definiéndose constitucionalmente como un Estado judío, mientras que Palestina se convierte en un Estado nacional palestino. La cooperación puede aumentar, las fronteras pueden volverse más permeables y pueden surgir instituciones conjuntas, pero la ciudadanía continúa estando mediada por soberanías nacionales contrapuestas.
La campaña «Un Estado Democrático» propone una concepción fundamentalmente diferente. La democracia no puede coexistir con privilegios constitucionales permanentes basados en la etnia o la religión. Un Estado genuinamente democrático debe derivar los derechos políticos exclusivamente de la igualdad de ciudadanía. Las identidades culturales, religiosas y lingüísticas siguen estando plenamente protegidas, pero ya no determinan el acceso a la soberanía, el poder político, la política migratoria ni el estatus constitucional. La igualdad no es una conciliación entre privilegios contrapuestos; es la abolición del privilegio mismo.
Los partidarios de la solución de dos Estados en una patria suelen argumentar que su propuesta es más realista políticamente porque evita confrontar las identidades nacionales existentes. Sin embargo, el realismo no debe medirse únicamente por su aceptabilidad política a corto plazo. También debe evaluarse por la capacidad de la propuesta para resolver las causas estructurales del conflicto. La historia demuestra repetidamente que los acuerdos que posponen cuestiones fundamentales de justicia pueden reducir la violencia temporalmente, pero rara vez establecen una paz duradera. La estabilidad construida sobre desigualdades coloniales no resueltas, en última instancia, reproduce las condiciones para futuros conflictos aún más sangrientos.
La experiencia de las últimas tres décadas refuerza esta conclusión. Los esfuerzos por gestionar el conflicto sin desmantelar las estructuras del colonialismo de asentamiento han provocado una ocupación más profunda, la expansión de los asentamientos, una mayor fragmentación y una violencia sin precedentes. Ante este panorama, las propuestas que buscan preservar la arquitectura subyacente de la partición —incluso bajo acuerdos institucionales innovadores— corren el riesgo de convertirse en meros ejercicios de reciclaje político en lugar de auténticas alternativas históricas.
El debate entre estas dos visiones no se centra, por lo tanto, en la ingeniería constitucional ni en el diseño administrativo. Se trata de un debate sobre el futuro de la justicia en Palestina. ¿Deben los esfuerzos políticos centrarse en gestionar las consecuencias del colonialismo de asentamiento preservando sus estructuras fundamentales, o deben buscar desmantelarlas por completo? ¿Debe entenderse la paz como la coexistencia dentro de un orden constitucional desigual o un régimen genocida, o como la creación de una comunidad democrática única fundada en la igualdad, el derecho al retorno, la justicia transicional y la ciudadanía compartida?
Desde la perspectiva de la Campaña por un Estado Democrático Único, solo la segunda vía ofrece un futuro sostenible y moralmente coherente. El proyecto no promete un avance político inmediato, ni afirma que la descolonización será fácil. Más bien, propone un proceso a largo plazo para reconstruir el movimiento nacional palestino en torno a una visión democrática y anticolonial capaz de unir a los palestinos más allá de todas las divisiones geográficas y políticas, a la vez que atrae a socios judíos democráticos y anticoloniales. En lugar de revivir un paradigma de partición que Israel y sus aliados imperiales han vuelto obsoleto, busca establecer un nuevo horizonte político basado en los principios universales de libertad, igualdad y justicia histórica.
Las opiniones expresadas en el artículo no reflejan necesariamente la postura editorial de The Palestine Chronicle.