23/09/26
Pero ¿Qué ocurre cuando deportar ya no significa devolver a una persona a su país de origen, sino enviarla a un país con el que no tiene ningún vínculo?
Una investigación publicada este lunes por The Guardian, realizada por su corresponsal de investigación Louisa Loveluck junto con periodistas de otros 23 medios y coordinada por la red internacional de periodismo de investigación Forbidden Stories, documenta el funcionamiento de una política de deportaciones de la administración Trump que ha permanecido en buena medida fuera de la mirada pública. El equipo ha rastreado más de un centenar de vuelos hacia 28 países diferentes.
Desde 2025, más de 5.000 personas han sido trasladadas en avión desde Estados Unidos a terceros países, entre ellos países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que esas personas no tenían relación previa. En total, la administración Trump ha enviado a más de 25.000 personas a países distintos del suyo, incluyendo unas 20.000 trasladadas por tierra a México.
El procedimiento puede desarrollarse con una rapidez extraordinaria. Según la investigación, algunos inmigrantes pueden recibir apenas seis horas de aviso antes de ser deportados. Ese margen hace extremadamente difícil que los abogados puedan intervenir y presentar recursos antes de que el avión despegue. El viernes, además, un tribunal federal de apelaciones declaró ilegales estas deportaciones a terceros países por considerar que vulneraban el debido proceso, aunque el Gobierno tiene previsto recurrir.
La investigación permite comprender qué significa esto en la vida concreta de las personas.
Uno de los casos documentados es el de Rabbiatu Kuyateh, una enfermera de 58 años que había vivido durante tres décadas en Estados Unidos. Durante la pandemia trabajó en un hospital atendiendo a pacientes con COVID-19 y posteriormente cuidó al hijo discapacitado de una familia estadounidense.
En julio de 2025 fue detenida durante un control rutinario de inmigración. Pasó cuatro meses bajo custodia y fue enviada en avión a Ghana. Días después, las autoridades ghanesas la trasladaron por la fuerza a Sierra Leona, el país del que había huido con sus padres. Las imágenes obtenidas por The Guardian muestran cómo fue arrastrada por el cabello hasta una furgoneta.
La escena resulta especialmente reveladora por algo que ocurre fuera de las cámaras. Cuando Kuyateh fue detenida, el hombre discapacitado al que cuidaba estaba esperándola para que acudiera a trabajar. Cuando pudo hablar con su familia, una de las primeras cosas que pidió fue que le dijeran que no iba a poder acudir al trabajo al día siguiente.
No se trata únicamente de casos individuales. La investigación describe una estructura política y administrativa construida para hacer posibles estas deportaciones.
La política está impulsada por Stephen Miller, vicejefe de gabinete de la Casa Blanca y una de las figuras centrales de la política migratoria de Trump. La administración ha alcanzado acuerdos con 35 países para aceptar deportados y ha comprometido al menos 410 millones de dólares para conseguir esos acuerdos. En algunos casos, el coste de trasladar a una sola persona puede alcanzar el millón de dólares.
Además, el Gobierno ha creado una Oficina de Remigración, utilizando deliberadamente un término procedente del vocabulario de la extrema derecha para designar la expulsión forzosa de inmigrantes. Una expresión que hasta hace poco pertenecía a los márgenes políticos pasa así a formar parte del aparato oficial del Estado.
Y aquí aparece quizá la cuestión más importante de toda la investigación.
No estamos solamente ante una política migratoria estadounidense. Estamos ante la normalización de una determinada manera de pensar la inmigración: convertir a personas en cuerpos trasladables, reducir el procedimiento jurídico al mínimo posible y utilizar la incertidumbre y el miedo como parte del propio mecanismo de expulsión.
La propia Loveluck señala que el problema trasciende Estados Unidos: cuando una política de este tipo se aplica de manera abierta desde el poder, resulta más fácil que otros gobiernos incorporen el mismo lenguaje y las mismas prácticas.
La experiencia británica ofrece un ejemplo cercano. En 2022, el Gobierno conservador impulsó el plan para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, aunque el primer vuelo fue finalmente cancelado después de diversas impugnaciones judiciales. Más recientemente, Reform UK ha planteado nuevas formas de deportación y Nigel Farage ha hablado de trasladar al Reino Unido las estrategias migratorias desarrolladas por el entorno de Trump.
Por eso quizá convenga mirar menos las fotografías de las pequeñas embarcaciones que llegan a las costas y más aquello que sucede después, cuando una política migratoria deja de limitarse a controlar una frontera y empieza a construir una maquinaria internacional de expulsión.
Porque detrás de cada cifra hay alguien que tenía una casa, un trabajo, una familia, personas que dependían de él o de ella y una vida construida durante años.
Y algunas de esas personas descubren, de un día para otro, que ya no saben siquiera en qué país van a despertar al día siguiente.
Fuente: investigación de The Guardian, realizada por Louisa Loveluck y periodistas de otros 23 medios en colaboración con Forbidden Stories, publicada el 21 de septiembre de 2026.