Desmantelar la estructura de impunidad e impedir que se repita —el “nunca más”— semejante violencia contra un pueblo ya de por sí frágil es un imperativo urgente para el presente y el futuro.

Varias familias duermen en la arena bajo una tienda ya desgastada en Gaza. (Foto: Shaimaa Eid, The Palestine Chronicle)

Dr. M. Reza Behnam                                                                                                Redacción                                                                                                                         29/07/26

La arquitectura de la justicia internacional se construyó sobre una promesa única e inquebrantable: nunca más. Se forjó entre las cenizas de las atrocidades del siglo XX, con el solemne juramento de que, independientemente de la posición social, la riqueza o el poder, nadie está por encima de la ley. Hoy, esa promesa está al borde del colapso.

Cuando los tribunales internacionales y los investigadores de derechos humanos documentan atrocidades masivas y exponen las ruinas humeantes de barrios devastados por los bombardeos en Gaza, la respuesta de la comunidad internacional se convierte en una prueba de fuego. Se ve obligada a decidir: ¿seguirá siendo el derecho internacional una norma universal inmutable o se convertirá en un instrumento vacío para los débiles y un escudo impenetrable para los poderosos?

Conceder impunidad absoluta a los líderes políticos y militares israelíes responsables de la agonía infligida a los palestinos en Gaza y la Cisjordania ocupada ha convertido la jurisprudencia internacional en una farsa grotesca y ha reducido el sagrado concepto de justicia universal a una deprimente ilusión.

Durante décadas, Occidente ha defendido la idea de un orden internacional basado en normas. Los tribunales internacionales han emitido sistemáticamente órdenes de arresto y procesado a líderes políticos y militares de países en desarrollo y regiones asoladas por la guerra. Sin embargo, este compromiso se desvanece misteriosamente cuando la atención se centra en quienes cuentan con el apoyo de Occidente, lo que pone al descubierto la aplicación selectiva de las leyes que socava la justicia universal.

La emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra altos funcionarios israelíes —con cargos que van desde la explotación de la hambruna hasta el ataque sistemático contra civiles— representó una prueba crucial para la rendición de cuentas global. Sin embargo, figuras políticas en las capitales occidentales siguen ofreciendo refugio, exenciones y protección política a los perpetradores.

Esta flagrante hipocresía ha creado precedentes catastróficos, entre ellos:

La ley del más fuerte sobre la ley: transmite a quienes ostentan el poder, y a los aspirantes a autócratas, que la violencia masiva es permisible, siempre y cuando se posea la alineación geopolítica «correcta».

La erosión de la credibilidad: el derecho internacional pierde su autoridad moral cuando se aplica de forma selectiva, transformándose de instrumento de justicia en herramienta política.

La normalización de la atrocidad: cada día que los perpetradores de genocidio permanecen impunes, el umbral de lo que la humanidad acepta se desplaza hacia abajo, erosionando gradualmente la conciencia colectiva de la comunidad internacional.

El hecho de que los líderes israelíes buscados por la CPI puedan viajar sin peligro a Estados Unidos pone de manifiesto una alarmante laguna estructural, en la que el poder interno entra en conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos.

Estados Unidos no es signatario del Estatuto de Roma; por lo tanto, convenientemente, carece de cualquier mecanismo legal para ejecutar órdenes judiciales basadas en la Convención de La Haya. Washington se apoya en las doctrinas tradicionales de inmunidad diplomática y de jefe de Estado, junto con leyes nacionales como la Ley de Protección Militar Estadounidense de 2002 (también conocida como la Ley de Invasión de La Haya), creada para proteger al personal militar y a los funcionarios electos estadounidenses de la detención y el enjuiciamiento por parte de la CPI.

Inevitablemente, cuando los cálculos geopolíticos se imponen sobre la responsabilidad humana universal, las fronteras internacionales se convierten en una mera invitación para los criminales de guerra. Los responsables de las atrocidades —desde la instalación indiscriminada de trampas explosivas en dispositivos de comunicación en todo el Líbano hasta la destrucción despiadada de Gaza y Beirut— permanecen impunes.

El asombroso número de palestinos muertos y hambrientos en Gaza representa algo más que una crisis humanitaria; es un monumento al fracaso de Occidente.

Ignorar las órdenes judiciales emitidas por organizaciones internacionales en nombre de alianzas políticas equivale a declarar que la vida humana tiene un valor variable, dependiendo de quién posea su pasaporte.

La humanidad no puede permitirse un sistema en el que el derecho internacional se doblegue para servir a intereses políticos. La demora o la negación de justicia para las víctimas en Gaza resuena como una injusticia para las víctimas en todo el mundo.

Sin una aplicación efectiva, las leyes contra el genocidio y los crímenes de guerra no son más que palabras vacías. La seguridad y la paz duraderas jamás podrán construirse sobre la base de crímenes impunes y una justicia selectiva.

A pesar de las críticas y condenas generalizadas en todo el mundo, Israel ha logrado mantenerse exento de sanciones punitivas internacionales y consecuencias legales por sus violaciones, tanto antiguas como actuales, del derecho internacional y humanitario en Gaza, la Cisjordania ocupada y el Líbano.

Para comprender por qué las acciones de Israel no han recibido medidas concretas, como sanciones económicas y diplomáticas y un embargo de armas, debemos ir más allá de las narrativas simplistas de manipulación política.

Es fundamental reconocer la profunda convergencia institucional entre los intereses económicos y militares de Estados Unidos e Israel, forjada a lo largo de décadas. Este poderoso nexo —defendido con vehemencia por influyentes grupos de presión como el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) y los sionistas cristianos— ha transformado a Israel en un centinela indispensable para Occidente. Lejos de ser un peón pasivo, esta formidable alianza ha catapultado a Israel a una posición de poder sin precedentes en Washington, al tiempo que ha otorgado a Estados Unidos una presencia militar inquebrantable en el Oriente Medio, una región rica en recursos y ferozmente disputada.

Para Washington y las capitales occidentales, el apoyo a Israel se ha considerado durante mucho tiempo un dogma vinculado a las políticas de contención de la Guerra Fría, el intercambio de inteligencia y un sentimiento de culpa derivado del Holocausto nazi. En consecuencia, esta relación ha generado una dinámica en la que proteger a Tel Aviv de la censura y las sanciones diplomáticas se ha vuelto más importante que su compromiso con el sistema jurídico basado en normas y la estabilidad a largo plazo en la región.

En última instancia, la influencia que ejerce Israel se ha reforzado mutuamente. Los gobiernos estadounidenses han invertido un gran capital político en la narrativa de una «alianza inquebrantable», de modo que cuestionarla se ha vuelto tóxico internamente, atrapando a cada gobierno en un estado de sumisión al sionismo y a sus caprichos.

La pregunta que surge es: ¿existirá alguna vez un Núremberg para los líderes políticos y militares israelíes?

El hecho de que Israel haya eludido la responsabilidad legal por sus atroces crímenes de lesa humanidad pone de manifiesto una profunda crisis no solo en la aplicación del derecho internacional, sino también en nuestra comprensión colectiva de lo que exigen las leyes de la justicia y las normas de decencia. Los tres años de terror perpetrados por Tel Aviv en Gaza han destrozado el mito de un sistema de justicia internacional imparcial.

Sin embargo, la documentación de las Naciones Unidas sobre atrocidades masivas, las órdenes de arresto de la CPI, los juicios y las históricas decisiones de la Corte Internacional de Justicia han marcado a los actuales líderes de Israel con una estigmatización permanente. Han quedado prácticamente confinados a un círculo cada vez más reducido de países considerados refugios seguros, convirtiendo sus viajes internacionales en una peligrosa prueba legal. Si bien los autores intelectuales de la destrucción de Gaza quizás nunca pisen una celda, sus crímenes históricos jamás serán olvidados ni perdonados.

La devastación catastrófica de Gaza y la masacre diaria de palestinos exigen una rendición de cuentas internacional inmediata y una reflexión moral. Cuando el terrorismo patrocinado por el Estado queda impune, los derechos humanos fundamentales se ven irreparablemente vulnerados, sentando un peligroso precedente que normaliza la destrucción de poblaciones civiles.

La verdadera justicia exige medidas preventivas, no castigos posteriores. Desmantelar la estructura de impunidad e impedir que se repita —el “nunca más”— semejante violencia contra un pueblo ya vulnerable es un imperativo urgente para el presente y el futuro.

El Dr. M. Reza Behnam es politólogo especializado en la historia, la política y los gobiernos de Oriente Medio. Este artículo fue publicado en The Palestine Chronicle.