Ayer domingo 21 de junio, según el preconteo de la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia ante el senador de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en unos comicios de resultado extremadamente ajustado. El porcentaje del preconteo fue de 49,66% frente a 48,70%: menos de un punto sobre doce millones de votos. El escrutinio oficial aún no ha concluido y los resultados no están confirmados. Los números, con todo, no son lo más revelador. Lo más revelador es lo que representan.
De la Espriella es un abogado empresario de extrema derecha cuya campaña incluyó la terminación de los procesos de paz con grupos armados, la legalización del porte de armas para civiles, la eliminación de varios ministerios, y la salida de Colombia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. Su ideología se centra en la mano dura, la defensa de la familia tradicional, la economía de libre mercado, la reducción del Estado, y el rechazo explícito al feminismo, al aborto, a la eutanasia y a la adopción homoparental. No hace falta ser adivinas para saber lo que viene.
El triunfo de De la Espriella, si los datos del preconteo se confirman en el escrutinio oficial, no puede entenderse sin una figura que lo precede y lo produce: Donald Trump. En plena campaña de segunda vuelta, el mandatario estadounidense utilizó su plataforma para respaldar públicamente al candidato colombiano, calificándolo de dirigente fuerte, inteligente y decidido, y presentándolo como garante del comercio, combatiente del narcotráfico y pieza clave para el restablecimiento del orden. Esa intervención no puede leerse como una simple opinión extranjera. Es la implementación de lo que el propio Trump ha llamado «Doctrina Donroe»: la restauración del dominio estadounidense sobre una región que Washington considera su patio trasero. Y funciona porque en América Latina hay un sector del electorado que sigue creyendo, décadas después, que votar a favor del candidato preferido de Estados Unidos trae prosperidad. Es la misma lógica que describió Mario Vargas Llosa con lo de «hay que votar bien». El premio nunca llega. Las condiciones de subordinación, sí.
De confirmarse estos resultados, el plan de seguridad de De la Espriella propone replicar el «modelo Bukele»: megacárceles y normas para encarcelar personas de forma acelerada. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ha documentado que ese modelo no persigue a los altos mandos responsables de la violencia, sino que se traduce en detenciones arbitrarias de hombres jóvenes y pobres, los últimos eslabones de las cadenas criminales. No combate el crimen. Criminaliza la pobreza. Para las comunidades afrodescendientes colombianas, este escenario es una continuación agravada de lo que ya viven. Los abusos de los grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente en territorios rurales negros e indígenas, siguen siendo problemas estructurales en Colombia. Casi una década después del acuerdo de paz de 2016, la violencia ha resurgido de nuevas formas y los grupos armados han ampliado su presencia en diversas zonas del país. El Pacífico colombiano, donde se concentra la mayor parte de la población negra, es el territorio más golpeado: la Fiscalía General de la Nación abrió 39 procesos de investigación por violencia sexual contra personas afrodescendientes e indígenas en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó en 2023, en un contexto donde la desarticulación del tejido comunitario ha puesto en riesgo la propia existencia de esas colectividades.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Afrodescendientes, al concluir una visita oficial al país, señaló que Colombia debe emprender un cambio transformador efectivo para restaurar la dignidad y defender los derechos de las personas afrodescendientes, y pidió garantías de participación significativa de las comunidades negras en todos los procesos que puedan afectarlas, incluyendo la implementación del Acuerdo de Paz. Un gobierno que promete cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —el mecanismo que procesa los crímenes de lesa humanidad y que ha comenzado a documentar el impacto diferenciado del conflicto sobre las comunidades negras e indígenas— es un gobierno que elige, deliberadamente, la impunidad sobre la verdad. Las organizaciones afrodescendientes del Chocó llevan años trabajando con la JEP para que sus muertos, sus desplazadas, sus mujeres violadas en contextos de guerra, sean reconocidas como víctimas. Desmantelar ese proceso es decirles que su dolor no cuenta. De confirmarse la victoria de De la Espriella el 7 de agosto, cuando asuma el cargo, ese mensaje quedará institucionalizado.
Colombia, con todo, no llega sola a este momento. A principios de esta década, América Latina se precipitaba hacia la izquierda. Los progresistas, aprovechando la indignación pública por las desigualdades agravadas por la pandemia, llegaron al poder en las principales economías de la región. Lo que se vive ahora es la reacción organizada contra ese proceso. Chile bajo José Antonio Kast, que ganó los comicios con el 58,1% de los votos, conforma junto con la Argentina de Javier Milei el polo de la ultraderecha en el Cono Sur, en sintonía con el Salvador de Nayib Bukele, el Ecuador de Daniel Noboa y Paraguay bajo Santiago Peña. Y en Perú, donde el escrutinio también está en disputa, Keiko Fujimori acumula el 50,11% de los votos con el 99,7% de las actas contabilizadas, pendiente de proclamación oficial. Si esos datos se sostienen, volvería al poder el fujimorismo, el movimiento político responsable de las esterilizaciones forzadas de más de 270.000 mujeres indígenas y rurales en los años noventa, entre otros muchos desastres para el país.
El hilo que conecta a todos estos líderes va más allá de la ideología compartida. La ultraderecha latinoamericana actual funciona como una red con financiación, comunicación y estrategia coordinadas, respaldada por Washington y articulada con los movimientos ultraconservadores europeos y norteamericanos. Sus dos subtipos más frecuentes en la región —los «fundamentalistas autoritarios» y los de «mano dura»— comparten un núcleo reaccionario común que se basa en desmantelar el Estado social, atacar los derechos sexuales y reproductivos, criminalizar la protesta, despreciar la negociación política y convertir la democracia en una guerra moral. Trump actúa como arquitecto visible de este bloque, usando el señuelo del favor estadounidense para orientar votos y legitimar candidaturas. Los electorados que caen en esa trampa no están comprando seguridad. Están firmando su subordinación.
Lo que está en juego no es solo una disputa entre ideologías. Son los cuerpos, muy reales, los que más pierden cuando el Estado decide que ciertas vidas valen menos. Las mujeres afrodescendientes del Pacífico colombiano. Las mujeres indígenas peruanas. Las comunidades racializadas de Santiago o Buenos Aires que ven criminalizarse su presencia en el espacio público. La «mano dura» siempre cae sobre los mismos. Las mujeres negras y racializadas conocemos esa exposición mejor que nadie, porque no esperamos la llegada de la ultraderecha al poder para sufrirla. La sufrimos ya, en la violencia cotidiana, en las fronteras, en el mercado laboral, en los comentarios que nadie modera.
La historia tiene una paciencia infinita con quienes se niegan a leerla. Los gobiernos autoritarios no terminan bien. Terminan en crisis humanitarias, en fuga de capitales, en instituciones destruidas, en sociedades partidas durante generaciones. La Argentina de la dictadura. El Chile de Pinochet. Las megacárceles de Bukele, ya denunciadas internacionalmente por detenciones masivas sin proceso judicial. Los países que ensayan esos modelos no salen indemnes. Y las poblaciones racializadas, que son siempre las primeras criminalizadas, son también las últimas en ver reconstituidos sus derechos cuando el ciclo se quiebra.
Desde Afroféminas sabemos que los derechos no son conquistas permanentes. Son territorios que se defienden. América Latina lleva décadas siendo el laboratorio de los modelos más violentos del capitalismo global, y las comunidades negras e indígenas siempre han puesto los cuerpos en esos experimentos. Esta ola reaccionaria no es nueva en sus métodos. Es nueva en su coordinación, en su financiación, en la velocidad con que se exporta de un país a otro con el aval de Washington.
Doce millones de colombianas y colombianos votaron a Iván Cepeda. Doce millones que no claudican. Hay vida política y resistencia en esa cifra, y también en las calles del Chocó, en las organizaciones de mujeres afrocolombianas que llevan décadas documentando la violencia que el Estado no quiere ver, en las activistas peruanas que vigilan las actas en una elección que aún no cierra. La ultraderecha ha ganado gobiernos. No ha ganado la calle, ni la memoria, ni la capacidad de organizarse de los pueblos que más tienen que perder.
Eso también es político. Eso también es resistencia.
Afroféminas
