La historia empezó en el primer Consejo de ministros y ministras del curso. Estaba yo escuchándolo, como cada martes, para estar al día y sobre todo para prepararme lo que se me viene en el BOE del día siguiente, cuando me caí de la silla: habían aprobado un decreto ley para, por primera vez en la historia, regular el lobby en la Administración General del Estado (puntualizo esto no por tiquismiquis, que también, sino porque hay comunidades autónomas y ayuntamientos que ya tienen registro de grupos de presión y porque las cosas en el Congreso van por otra vía).

En Civio llevamos eones (quien dice eones dice más de una década) reclamando esta regulación por tierra, mar y aire. Es un básico de un país democrático. De hecho, la inmensísima mayoría de países han regulado cómo se puede hacer lobby y, sobre todo, cómo de transparente tiene que ser la cosa. ¿Y aquí? Pues, después de tropocientas rondas de promesas, parecía que esta vez sí que sí: a principios de 2025 el Gobierno llevó un proyecto de ley al Congreso y arrancó eso tan bonito que pasa a veces en las comisiones de presentar enmiendas, debatir, llegar a acuerdos… Y luego pasó eso no tan bonito pero tan habitual últimamente: se frenó en seco, porque no vaya a ser que se avance en algo y el contrario se lleve el mérito. Total, que la cosa llevaba parada un año en la comisión. De cómo se dejan morir leyes en el Congreso os hablo otro día, que eso también me pone de una mala leche sideral.

Así que al fin tenemos una norma, que está en vigor ahora mismo, y que regula el lobby. Eso es bien, ¿no? Pues sí, pero con matices, claro. Matices que ocupan más que un crucero de siete pisos en un puerto turístico.

El primero y el más importante: ¿mola tener ley del lobby al fin? Sí. ¿Mola que se haya aprobado por decreto ley? Pues ya no tanto. Si sigues a Civio desde hace tiempo sabes que hemos investigado, y mucho, el uso y abuso de los decretos leyes, que han pasado de ser normas extraordinarias para urgencias, como catástrofes o la pandemia (la de decretos ley que tuve que leer entonces, la virgen), y se han convertido en el pan nuestro de cada día para aprobar hasta reformas laborales.

Y, como es un decreto ley, para que siga en vigor lo que toca ahora es ir al Congreso y que se convalide. Pese a que el envoltorio no es idóneo ni de lejos, la verdad, me gustaría mucho que saliera adelante. Sobre todo porque es una buena norma. Con, de nuevo, muchísimos matices. Esos ya los descubrí al día siguiente con la chicha entre manos, leyendo la letra pequeña del decreto ley, que los anuncios con algarabía los carga el diablo.

Lo que ha hecho el Gobierno en este texto es coger el proyecto de ley que llevaron al Congreso y modificarlo con muchas de las enmiendas presentadas por los partidos durante estos casi dos años de debate parlamentario. Y muchísimas de esas enmiendas beben directamente de nuestras propuestas, como eliminar algunas excepciones, que haya un organismo independiente que controle y sancione o publicar mucha más información. Aquí te lo contamos.

Entonces, ¿es una norma perfecta, maravillosísima? No, no lo es. Sigue incluyendo demasiadas excepciones a qué se incluye y qué se publica, las sanciones y el control a los empleados públicos sigue siendo un bluf y se ha hecho un poco a la carrera y a lo loco. Porque no es que al Gobierno le haya dado de golpe un apretón de democracia justo ahora, así de golpe, es que los organismos europeos nos obligaban a aprobar esto para poder recibir el siguiente paquete del Plan de recuperación. Y, claro, no incluye ni disposiciones transitorias para que dé tiempo a crear el registro de lobby, el eje de la medida. Así que por el momento el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha puesto en marcha un formulario para ir registrándose. Nosotros nos apuntaremos esta misma semana, que le tenemos ganas.

Pero todos esos peros tienen arreglo. Mientras está en vigor, si se acaba convalidando, se puede debatir vía proyecto de ley para incluir mejoras. Eso sí, estaría bien que por una vez no pase como siempre y el trámite no se aletargue en un periodo de enmiendas infinito hasta que acabe la legislatura y muera en la orilla.

Creo que hay que celebrar las victorias. Aunque no sean perfectas, aunque sean parciales. Porque no son tantas y porque, si no, la frustración te come por dentro. Aunque no vengan envueltas en el paquete más bonico.

Y para acabar añado una última contradicción (por ahora), otro debate y otras dudas (dudo todo el rato, sin parar): ¿cómo explicas un decreto ley, como periodista, cuando te toca en primera persona? En Civio hacemos periodismo y, a veces, hacemos lobby para que una de las materia primas del periodismo, la información sobre lo público, sea más y mejor. Pero siempre hemos tenido claras las reglas para que nuestro periodismo no deje de ser independiente, también de nosotros mismos, o al menos intentarlo: solo se hace lobby tras publicar, las líneas de investigación no las decidimos pensando en eso y, si hace falta, son personas distintas quienes están en uno u otro negociado.

Lo que acabé haciendo, y no sé si es lo correcto, pero al menos me lo parece (más dudas, dudas, dudas), es escribir un artículo de El BOE nuestro de cada día igual que el que hubiera escrito con cualquier otro decreto ley que no me tocara tan de cerca, sin nombrar nuestro peso -o mérito, qué diantres- en el resultado final. Con dos matices: sabía mucho más de este tema que de cualquier otro, claro; y una notita en el texto dejando claro que habíamos participado en ese proceso. Porque mejor ir de cara, que el lector sepa todo y juzgue lo que considere.

Igual preferirías que tuviera las cosas claras siempre al 100%, o blanco o negro, a favor total o en contra del paquete completo. Yo también, sería todo más fácil. Pero el mundo es complejo. Y mi cabeza ni te cuento.

Abrazacos,

Eva.