Los ataques con drones contra tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas cerca de las islas Galápagos fueron llevados a cabo bajo un programa encubierto de la CIA, del tipo que autoriza personalmente el presidente y que nunca se reconoce públicamente, informó el Washington Post el jueves pasado.

Ese mismo día, en Panamá, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció la doctrina que está detrás. Cualquiera que trafique drogas, declaró, es “un blanco, igual que el Estado Islámico o Al Qaeda”. Washington había pasado 25 años perfeccionando “la cadena de muerte sobre cómo identificar y atacar redes al otro extremo del mundo”, añadió, y ahora aplicaría esas habilidades en este mismo hemisferio, “sin piedad”.

Dos meses antes, la fiscal cuyos expedientes incluían exactamente esos tres ataques fue asesinada a tiros en la calle. Gloria Alexandra Bravo Cedeño, de 46 años, fue asesinada el 14 de junio en el centro de Manta por un pistolero en motocicleta mientras caminaba hacia su automóvil. Su hermana Olinda también murió al intentar protegerla. Ninguno de los reportajes internacionales sobre las revelaciones de la CIA ha mencionado su nombre ni establecido la conexión.

Asesinatos S.A. en todo el hemisferio

Antes de cada ataque, como estableció el Post a partir de datos de rastreo de vuelos y embarcaciones, un avión Cessna Citation Longitude equipado con equipo de vigilancia despegó del aeropuerto de Ilopango, en El Salvador, hacia las embarcaciones pesqueras. Las transmisiones de radio lo registraron llegando desde Tennessee con una tripulación de seis personas en noviembre, y rodando hacia una sección militar del aeropuerto.

Volaba con un número de matrícula estadounidense que no aparece en ningún registro de la FAA —la ley federal exime a las “aeronaves de las fuerzas de defensa nacional de Estados Unidos”—, reservado por una empresa sin sitio web aparente, que registra como dirección un apartado postal en una tienda UPS en Virginia, un detalle reportado por primera vez por el New York Times el día anterior.

El 20 de enero, día en que el Fiorella desapareció, la torre registró la salida del avión antes del amanecer. “FENIX 701”, dijo el piloto en inglés con acento estadounidense. Había volado hacia la posición del Fiorella el 17, el 18 y el 20 de enero, cubriendo 750 millas en el último vuelo antes de desaparecer del rastreo público, y aterrizó de vuelta en Ilopango a las 9:30 de la mañana. El Fiorella transmitió su posición por última vez dos horas y media después.

Ilopango no es una elección arbitraria. En 1985 y 1986, el aeropuerto sirvió como el centro a través del cual oficiales militares y de la CIA estadounidenses canalizaban armas y logística hacia la Contra nicaragüense en su guerra terrorista contra el gobierno sandinista. El imperialismo estadounidense ha reanudado operaciones desde la misma pista cuatro décadas después. El exembajador John Feeley le declaró al Post que la operación parecía dirigirse “desde un mando muy poco tradicional”.

Trump había firmado una autorización para operaciones de la CIA contra organizaciones criminales transnacionales, incluido el uso de fuerza letal. Más recientemente, amenazando con una acción similar de la CIA a la del rastreo del presidente venezolano Nicolás Maduro antes de su captura por parte de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. en enero, la Casa Blanca autorizó operaciones encubiertas de la CIA contra la dirigencia cubana.

Los relatos de los sobrevivientes dejan claro que el plan era una ejecución y un secuestro masivos. Drones cuadricóptero dejaron caer explosivos sobre la cocina de la Negra Francisca Duarte II, donde se almacenaban los cilindros de gas, destruyendo buena parte de la embarcación al instante. Un tripulante fue lanzado a un tanque de diésel; otro perdió la mayor parte de la visión de un ojo. El alcance de este tipo de drones implica que los operadores se encontraban cerca.

Los hombres llegaron hasta un barco azul que tomaron por una embarcación de rescate. Hombres armados con camuflaje marrón, algunos con parches de la bandera estadounidense, les apuntaron con fusiles, y luego los esposaron y encapucharon en cubierta. “Nos llevaron a la proa. Escuchamos: ‘¡Bum! ¡Bum!’ Logré levantar la capucha y los vi volando el barco por los aires”, relató un sobreviviente. Los estadounidenses abrieron cervezas frente a los pescadores encapuchados y comentaron sobre lo frías que estaban.

Tras ocho días, los hombres fueron entregados a la guardia costera salvadoreña y deportados de vuelta a su país. “¿Por qué nos entregaron a extranjeros si estábamos cerca de la guardia costera ecuatoriana?”, preguntaron.

Una patrulla ecuatoriana había inspeccionado a la Negra Francisca antes del ataque y no encontró nada ilícito. De los 46 tripulantes en las tres embarcaciones, Human Rights Watch encontró que solo cuatro tenían algún antecedente penal, ninguno por narcotráfico o violencia.

Ocho hombres del Fiorella siguen desaparecidos, y los familiares exigen que sean devueltos con vida. María Mero, cuyo esposo y hermano iban ambos a bordo, brindó testimonio ante el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador, tres meses después de que la embarcación desapareciera. “Si alguna patrulla los tiene, o están presos, que nos digan y nos los entreguen, porque son pescadores”, dijo.

El CDH no llama a esto un naufragio. Lo llama desaparición forzada a manos de una fuerza militar extranjera.

La madre de uno de los pescadores le declaró a El País que a las familias se les había dicho que era mejor no buscar. La advertencia era, en realidad, una amenaza del régimen títere estadounidense del presidente Daniel Noboa.

Antes de su asesinato, la fiscal Bravo Cedeño habló con Human Rights Watch a comienzos de mayo, explicando que ni su despacho ni la policía judicial tenían la autoridad ni los medios logísticos para investigar en el mar, y que las autoridades portuarias y navales nunca respondieron a sus solicitudes de información.

Durante meses había advertido que corría peligro, y se desplazaba bajo escolta policial. Según Drop Site News, cuya corresponsal Camila Lourdes Galarza reveló en abril la evidencia fotográfica del bombardeo de la Negra Francisca, esa escolta no estaba presente cuando la asesinaron. Galarza también ha informado que, bajo el estado de excepción de Noboa, el personal y los contratistas estadounidenses operan con inmunidad frente a la ley ecuatoriana.

El Estado obstruyó la investigación de Bravo Cedeño sobre ataques llevados a cabo por un programa encubierto estadounidense, y después ella fue asesinada.

En Washington, la respuesta ha sido el silencio. Los miembros de los comités de inteligencia del Congreso contactados por el Post se negaron a hacer comentarios. La acción encubierta requiere un dictamen presidencial informando a esos comités: o bien los principales demócratas fueron informados sobre un programa que hizo desaparecer a ocho pescadores y no dijeron nada durante siete meses, o no fueron informados y no lo dirán ahora.

Una carta del 11 de junio de los legisladores Joaquín Castro y Bill Keating, exigiendo respuestas, quedó sin respuesta tras vencer el plazo del 10 de julio, y la enmienda de Keating para forzar la divulgación de imágenes desclasificadas de los tres incidentes fue derrotada en el pleno de la Cámara de Representantes. Ese mismo partido votó abrumadoramente a favor del presupuesto militar de 901.000 millones de dólares que paga por todo esto.

En Ecuador, la noticia fue enterrada en 48 horas. El Universo, Expreso, Extra, El Diario y otros publicaron la misma nota de la agencia EFE, párrafo por párrafo, al igual que medios de toda América Latina. Ningún editorial. Ninguna citación al canciller ante la Asamblea Nacional. Ningún seguimiento investigativo. Solo Televistazo le planteó la pregunta a la Cancillería, al Ministerio de Defensa y a la Embajada de EE.UU., y no recibió respuesta de ninguno.

Las reacciones llegaron únicamente desde la legislatura, donde el propio bloque de Noboa pidió cautela, al tiempo que admitía que una operación de esta naturaleza, ejecutada dentro del territorio nacional, necesariamente tenía que haber sido del conocimiento del gobierno.

Mientras tanto, una evaluación de la DEA divulgada en julio encontró que la campaña de bombardeos de barcos no tuvo ningún efecto perceptible sobre la disponibilidad, el precio o la pureza de la cocaína en Estados Unidos. La cocaína sale de Ecuador en contenedores a bordo de buques mercantes propiedad de la familia oligárquica de Noboa, instalada en el poder con respaldo estadounidense, no en las pequeñas embarcaciones pesqueras que se vuelan en pedazos en el mar.

La operación en Galápagos y Cóndor

El Post subraya que el programa de la CIA es institucional y metodológicamente distinto de la Operación Lanza del Sur. La Lanza del Sur es abierta: fuerzas uniformadas que llevan a cabo ataques anunciados en redes sociales por el propio Hegseth. La operación en Galápagos buscó no dejar huellas, empleando una aeronave sin matrícula, una empresa fantasma, un buque sin identificación. Los sobrevivientes fueron capturados, encapuchados, retenidos en el mar durante ocho días, y luego entregados a un tercer país, que los procesó como si fueran náufragos.

Ese es el método de la Operación Cóndor: la red a través de la cual las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, respaldadas por EE.UU., coordinaron el secuestro, la tortura y la desaparición de opositores más allá de sus respectivas fronteras. Decenas de miles de personas fueron asesinadas. Su propósito era decapitar a las fuerzas de izquierda y al movimiento obrero en todo el continente. Se está preparando el escenario para operaciones de exactamente ese carácter.

El “Escudo de las Américas” de Trump, lanzado en marzo, alinea a Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y otros países bajo el mando de Washington. El mismo gobierno de Bukele que abrió Ilopango a los vuelos de vigilancia, y cuya guardia costera ayudó con el secuestro de los pescadores, dispuso la prisión CECOT para cientos de deportados expulsados desde Estados Unidos. La maquinaria que hace desaparecer a los pescadores ecuatorianos y la maquinaria que hace desaparecer a los trabajadores inmigrantes de las ciudades estadounidenses son la misma cosa.

Hegseth fue explícito respecto de la geografía. La “cadena de muerte” que prometió emplear sin piedad se extiende a través del Comando Sur y el Comando Norte del Pentágono en conjunto. El área de responsabilidad del Comando Norte es el territorio continental de Estados Unidos, México y Canadá. El aparato que se está construyendo no está dirigido contra los cárteles. Está dirigido contra la clase obrera de todas las Américas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17/08/2026).