«El estado de excepción es el que decide si hay una situación de emergencia real y quién tiene el poder supremo para enfrentarla. La prueba definitiva de la soberanía no se halla en la normalidad, sino en la capacidad de suspender el orden jurídico»

Carl Schmitt, Teología política

El ciclo de acumulación en Chile —basado en el rentismo extractivista, la financiarización de derechos sociales y la superexplotación laboral— muestra signos profundos de estancamiento. Las tasas de ganancia y el crecimiento de la productividad han caído sostenidamente, lo que derivó en la revuelta de 2019. Cuando el capital pierde la capacidad de garantizar consenso mediante promesas de ascenso social o mejoras materiales, la hegemonía se fractura. Ante la incapacidad de resolver la crisis en el plano económico, el Estado debe compensarla en el plano coercitivo. La reforma de Kast, al constitucionalizar el estado de excepción y militarizar el orden público, representa lo que podríamos denominar coerción extraeconómica, es decir, el uso directo de la fuerza estatal para garantizar las condiciones de reproducción del capital cuando el mercado ya no puede hacerlo pacíficamente.

El capital contemporáneo depende críticamente de la circulación ininterrumpida de mercancías. En Chile, esto se traduce en la defensa de los corredores extractivos (minería en el norte, industria forestal en el Wallmapu, puertos y carreteras). La criminalidad organizada y el narcotráfico suponen una amenaza disruptiva para estos circuitos (aunque un sin fin de casos aislados entre agentes del Estado y estas bandas criminales, dejan la razonable duda de los estrechos vínculos que tienen ambas partes), pero también lo es la protesta social y la defensa territorial. Al establecer un marco jurídico basado en la figura del «enemigo interno», el Estado de Excepción extendido permite militarizar zonas estratégicas. La línea que separa la neutralización de una banda criminal de la represión a una comunidad que recupera tierras o bloquea una ruta se vuelve deliberadamente difusa, asegurando por la fuerza la continuidad del flujo de mercancías.

La reforma constitucional de seguridad impulsada por Kast tiene como objetivo central incorporar explícitamente la seguridad pública como un deber preferente del Estado, dotando al Ejecutivo de herramientas reforzadas para combatir la delincuencia compleja, a través de un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, cual permite declarar estados de excepción focalizados por plazos de 240 días, para intervenir zonas críticas, otorgando facultades para restringir libertades de tránsito, reunión y disponer medidas administrativas extraordinarias. Además de facultar al mandatario para declarar a una agrupación como organización terrorista o criminal.

La propuesta de reforma constitucional de seguridad en Chile comparte varios núcleos teóricos y constitucionales con el marco jurídico de otros países de Latinoamérica, tales como: en Perú, el Artículo 44° de la Constitución establece que la protección de la población frente a las amenazas a su seguridad es un «deber fundamental del Estado». La reforma planteada en Chile busca elevar la seguridad pública al mismo nivel dogmático, transitando de una función administrativa básica a un mandato constitucional explícito. Al igual que el modelo peruano (Artículo 137°), donde las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno en estados de emergencia, la propuesta chilena refuerza la facultad ejecutiva para movilizar capacidades militares en áreas urbanas o macrozonas mediante un Estado de Excepción focalizado y extendido. También coincide con reformas implementadas en El Salvador y Ecuador, donde la tipificación del crimen organizado permite ampliar los plazos de detención flagrante, restringir la inviolabilidad de las comunicaciones y endurecer drásticamente los regímenes penitenciarios para aislar a líderes criminales.

Volviendo al tema de incorporar explícitamente la seguridad pública como un deber y obligación constitucional del Estado, esto significa que el margen de maniobra de un gobierno desaparece virtualmente, sea cual sea la tendencia gobernante, la administración estatal represiva seguirá siendo la misma y quien intente salir de aquel marco jurídico-represivo podría ser fácilmente sustituido.

Por ejemplo en el contexto peruano, el desborde de la criminalidad (extorsión, sicariato, narcotráfico) y las olas de protesta social revelan la incapacidad del Estado para cumplir con el mandato de seguridad del Art. 44°. En el diseño constitucional peruano post-1993, la falla del Ejecutivo en garantizar la seguridad es instrumentalizada por el Congreso para justificar la destitución de los mandatarios.

La ambigüedad del concepto de incapacidad moral permanente permite al Parlamento convertir la crisis de seguridad pública o la pérdida de control social en una causal de vacancia. Si un presidente no logra imponer el orden pacíficamente ni mantener la estabilidad requerida por el capital financiero e inmobiliario, las bancadas del Congreso aplican la vacancia. La figura presidencial opera como un fusible reemplazable para canalizar el descontento popular sin alterar la estructura del poder estatal.

Este tipo de reformas en el tema de seguridad presentan una estrecha relación con los postulados teóricos del Derecho penal del enemigo, un concepto desarrollado por el jurista y filósofo alemán Günther Jakobs en 1985, quien plantea que los Estados modernos tienden a dividir su sistema punitivo en dos vías:

1. Derecho penal del ciudadano: Aplicado a quienes cometen delitos pero mantienen su estatus dentro del pacto social. Se enfoca en sancionar el acto cometido, manteniendo intactas todas las garantías del debido proceso y con miras a la reinserción.
2. Derecho penal del enemigo: Aplicado a individuos que, por su pertenencia a estructuras complejas (terrorismo, crimen organizado), rechazan estructuralmente el ordenamiento jurídico. El Estado deja de tratarlos como ciudadanos y los clasifica como «enemigos» o amenazas existenciales que deben ser neutralizadas.

La reforma de Kast y la agenda de seguridad que la acompaña reflejan las tres características clásicas de este modelo jurídico:

• La creación de un «Registro de Organizaciones Criminales» y de regímenes penitenciarios excepcionales para líderes de bandas penaliza no solo el delito específico, sino la pertenencia al grupo. Se castiga la peligrosidad estructural del individuo.
• Bajo la lógica de Jakobs, el enemigo no tiene derecho a las mismas garantías que el ciudadano. Esto se materializa en la propuesta mediante estados de excepción extendidos (que suspenden libertades civiles básicas de tránsito y reunión) y mecanismos exprés de incautación de bienes que relajan el estándar probatorio tradicional.
• El foco del Estado pasa de castigar un daño ya consumado a intervenir de forma preventiva para evitar que el enemigo actúe, justificando medidas militares y administrativas extraordinarias.

La crisis de acumulación expulsa a masas crecientes de la economía formal, engrosando lo que Marx denominó la superpoblación relativa o ejército industrial de reserva. En el capitalismo contemporáneo, una parte de esta población marginada encuentra en las economías ilícitas (narcotráfico, robo de madera, contrabando) un modelo de acumulación alternativo.

Aquí es donde entra la lógica de Günther Jakobs: el Estado chileno renuncia a integrar a esta población sobrante a través del empleo formal o el Estado de bienestar (Derecho penal del ciudadano) y opta por administrar la exclusión mediante el encapsulamiento y el castigo asimétrico (Derecho penal del enemigo). Los regímenes penitenciarios de excepción y los registros criminales funcionan como dispositivos de gestión de los márgenes sociales que el propio ciclo de acumulación capitalista ha desahuciado.

Para Lukács en su ensayo «Legalidad e ilegalidad», el Estado capitalista y su andamiaje jurídico no son entidades neutrales ni representan valores morales absolutos, sino que son la materialización histórica y organizativa de la violencia de clase. Desde esta perspectiva, la reforma constitucional de seguridad no se lee simplemente como una política pública contra el crimen, sino como un movimiento estratégico del Estado para blindar su orden interno.

Lukács advierte que la burguesía necesita que la clase trabajadora y la sociedad civil «fetichicen» la ley; es decir, que perciban el ordenamiento jurídico como una verdad moral inmutable y universal, desconectada de los intereses de clase que la crearon. Al intentar elevar la seguridad pública al rango de deber constitucional supremo, la reforma opera exactamente bajo esta lógica de fetichización. Busca consagrar el «orden» y el control punitivo no como una opción política, sino como un pilar dogmático del Estado. Esto tiene un efecto ideológico claro: silencia el origen social de los conflictos (desigualdad, exclusión territorial) y reduce la complejidad de la crisis a un mero problema de fuerza legal, obligando a toda la sociedad a aceptar esta superestructura militarizada como una necesidad «natural».

Un punto central de Lukács es que el Estado es, en su núcleo, violencia organizada. En tiempos de estabilidad, esta violencia se oculta tras la fachada del Estado de Derecho. Sin embargo, cuando el orden se siente amenazado, la burguesía deshecha la máscara legalista y recurre a la fuerza abierta. La consagración de un Estado de Excepción de Seguridad Pública extendido y focalizado es la institucionalización de esa violencia al desnudo. Este tipo de reformas permite que el Estado expanda sus capacidades militares y de control territorial de manera prolongada. Lukács vería en esto la confirmación de que, ante la crisis de su propia gobernabilidad, el orden institucional debe suspender sus propias reglas liberales (libertad de tránsito, reunión) para asegurar su supervivencia. Lukács critica que la clase dominante exige un respeto irrestricto a la legalidad por parte de los oprimidos, pero ella misma transita libremente hacia la «ilegalidad» (golpes de Estado, represión extrajudicial, suspensiones constitucionales) cuando sus intereses vitales están en riesgo.

La adopción del Derecho penal del enemigo dentro de la reforma es el ejemplo perfecto de este uso instrumental de la ley. Al crear categorías como el «Registro de Organizaciones Criminales» y regímenes de excepción sin las garantías del debido proceso, el Estado legaliza la suspensión de derechos. El sistema jurídico crea una herramienta formal para operar fuera de los límites del derecho penal clásico. Para Lukács, esto demuestra que la «legalidad» burguesa es elástica: se expande o se rompe tácticamente según lo dicte la necesidad de mantener el control.

Peter Thiel sintetizó este diagnóstico de forma transparente en su célebre declaración de 2009: «Ya no creo que la libertad [capitalista] y la democracia sean compatibles». La tecnoburguesía abandona la necesidad de fingir un consenso democrático. Para ellos, la democracia electoral conduce inevitablemente al redistribucionismo y a la interrupción de los flujos de capital. Por ello, proponen sustituir el Estado de Derecho por formas de gobernanza corporativa autoritaria: «ciudades chárter» privatizadas, micro-estados soberanos y la figura del Estado administrado como una empresa bajo el mando de un «CEO-dictador». La legalidad burguesa deja de ser un espacio de negociación y pasa a ser un mero código de software privativo.

Si el jurista Günther Jakobs conceptualizó la división entre «ciudadanos» y «enemigos» despojados de garantías, la tecnoburguesía provee la infraestructura material para automatizar esa neutralización. El ejemplo paradigmático es Palantir Technologies, la empresa de inteligencia y análisis de datos cofundada por Peter Thiel. Palantir desarrolla software de vigilancia masiva, análisis predictivo de delitos y gestión biométrica para la deportación de migrantes y el control militar. Bajo este modelo: bajo la distinción entre «ciudadano» y «enemigo» ya no la hace solo un juez o una policía tradicional, sino un algoritmo opaco de perfilamiento de riesgo. Las reformas de seguridad como la propuesta en Chile —que buscan crear registros de criminales, regímenes penitenciarios de excepción y patrullaje reforzado— dependen directamente de la tecnología vendida por esta tecnoburguesía para monitorear, aislar y contener a la población sobrante.

Frente a la caída de la tasa de ganancia en los sectores productivos tradicionales, la tecnoburguesía reorienta la acumulación hacia dos grandes nichos: la extracción de rentas por monopolios de datos/plataformas y la expansión del complejo de seguridad militar-digital. El control de las poblaciones desplazadas por la crisis económica (el ejército industrial de reserva y la superpoblación marginal) se convierte en un negocio altamente rentable. El Estado en crisis contrata a estas corporaciones tecnológicas para garantizar la paz social y proteger los nodos logísticos del capital (minería, datos, redes de energía) frente al descontento popular o las economías ilícitas.

El proyecto neorreaccionario de Silicon Valley y las corporaciones tecnológicas necesita una infraestructura física masiva: servidores para IA, vehículos eléctricos y sistemas de guía militar. Todo este hardware depende de las tierras raras. Dado que China controla cerca del 70% de la extracción mundial y más del 90% del procesamiento de estos minerales, EE.UU. ha catalogado el acceso a los yacimientos del hemisferio occidental —como las arcillas iónicas en Penco (Región del Biobío) o los salares del norte— como un asunto de seguridad nacional e imperativo geopolítico.

Frente al estancamiento económico en el centro imperialista, la reubicación de cadenas de suministro (friendshoring) busca asegurar que el capital estadounidense y sus gigantes tecnológicos controlen la materia prima sin interferencias de China ni veto de las poblaciones locales. Cuando la vía del mercado no basta para garantizar estos proyectos frente al rechazo comunitario o ambiental, entra en juego la coerción extraeconómica como la militarización del territorio a través de este tipo de reformas constitucionales que otorgan facultades para declarar Estados de Excepción extendidos y desplegar capacidades militares no solo buscan combatir la delincuencia común, sino blindar la infraestructura crítica, las rutas logísticas y las zonas de extracción. A las comunidades locales, movimientos socioambientales o la resistencia territorial Mapuche que se oponen a proyectos mineros (como el proyecto Penco de Aclara o las minas de litio) pasan a ser catalogados bajo la figura del «enemigo interno» o «saboteadores del desarrollo», despojándolos de garantismo procesal mediante leyes antiterroristas y de seguridad interior.

La tecnoburguesía no solo demanda la materia prima, sino que vende la tecnología para reprimir a quien se oponga a su extracción. Software de inteligencia predictiva y vigilancia algorítmica (como el desarrollado por Palantir) se integran a las agencias de seguridad estatal para mapear, perfilizar y neutralizar la protesta social en las zonas mineras y forestales.

Retomando a Lukács, cuando el capital imperialista necesita asegurar recursos críticos para su nuevo ciclo de acumulación tecnológica, las formas democráticas liberales (consultas ciudadanas, evaluaciones de impacto ambiental, derechos de propiedad comunitaria) se convierten en un estorbo institucional.

El Estado chileno, alineado con las exigencias del capital transnacional, modifica su superestructura legal para priorizar el «deber de seguridad» por sobre los derechos fundamentales. La «legalidad burguesa» demuestra así su flexibilidad: se endurece militarmente para proteger la inversión extractiva de EE.UU., confirmando que la democracia liberal es sacrificada en el momento en que frena la valorización y la seguridad del capital internacional.

Dentro del panorama de la izquierda radical, existe el consenso crítico al rol que tuvieron y aún tienen los frente antifascistas/populares: si en esta forma de organización se toma como la principal tarea política acabar con los elementos reaccionarios/fascistizantes de la sociedad, lo hace desde una alianza pluriclasista (clase popular junto a los elementos más progresistas de la burguesía), esto debido a que la clase popular, no se encuentra en las condiciones materiales, objetivas o subjetivas para realizar una revolución comunista. Por lo que es necesario primeramente luchar por condiciones democráticas en la sociedad para así generar por consiguiente las condiciones para una futura revolución socialista. Esta estrategia conduce a lo que Lenin llamó “ser el vagón de cola de la lucha democrático burguesa”.

Para la izquierda radical, el error analítico del Frente Popular/Antifascista radica en separar ontológicamente al fascismo de la democracia burguesa, tratándolos como fenómenos opuestos en lugar de comprenderlos como dos métodos distintos de dominación de la misma clase.

El fascismo no es una anomalía externa al capitalismo, sino una herramienta de emergencia que la burguesía utiliza cuando las instituciones democráticas ya no logran contener la crisis de acumulación ni la radicalización del proletariado (como señaló Rosa Luxemburgo y posteriormente la Internacional Situacionista y Amadeo Bordiga). Por lo tanto, aliarse con el ala democrática de la burguesía y pequeñoburguesa para combatir al fascismo es aliarse con los mismos sectores que, en un momento de crisis aguda, no dudarán en financiar o habilitar el camino al fascismo para proteger su propiedad y sus intereses.

Pretender contener la amenaza reaccionaria o el avance de agendas como la de Kast mediante la mera «defensa de la institucionalidad democrática liberal» es atarse a las instituciones que la propia burguesía tecnológica está desmantelando desde dentro. El tecnofascismo no es un invasor externo a la democracia burguesa, sino su resultado inevitable cuando el ciclo de acumulación capitalista exige un control totalitario sobre la sociedad para seguir rentabilizando el capital.