Ayer, 15 de agosto, 294 personas quedaron detenidas en los alrededores de Fnideq, la localidad marroquí conocida en español como Castillejos, cuando intentaban cruzar hacia Ceuta. Según fuentes de seguridad marroquíes citadas por EFE, 248 eran migrantes subsaharianos y 46 ciudadanos marroquíes. El operativo se sumó a otra cifra preocupante, la detención de 61 personas acusadas de «incitar y promocionar» la migración irregular en redes sociales, una categoría que en la práctica criminaliza el simple hecho de hablar del deseo de moverse.
El despliegue fue descomunal. Unos 7.000 efectivos marroquíes y españoles se repartieron a ambos lados de la frontera, en un contexto de tensión máxima tras la crisis migratoria de finales de julio, cuando más de 70.000 personas lograron cruzar a Ceuta y al menos 141 migrantes perdieron la vida en el intento. Las fuerzas antidisturbios marroquíes dispersaron con gases lacrimógenos y porras a los grupos que se acercaban a la valla, en su mayoría jóvenes africanos que llevaban semanas o meses escondidos en zonas montañosas, esperando una oportunidad.
Mientras esto ocurría, un representante del Ministerio del Interior marroquí, Youssef Hajji, ordenó a los equipos de la Agencia EFE y de RTVE que abandonaran Fnideq de inmediato, sin dar explicaciones más allá de «cumplir instrucciones». Los hoteles donde se alojaban los periodistas recibieron órdenes similares. RTVE respondió con un comunicado que manifestaba su «más enérgico rechazo» ante una decisión que impidió relatar, con rigor y desde el terreno, lo que estaba pasando a la población civil. Ese apagón informativo es la condición que hace posible todo lo demás, porque lo que no se ve no exige explicaciones y lo que no tiene testigos no necesita justificarse.
Los cuerpos que Marruecos esconde
Marruecos acumula, según recuerda Amnistía Internacional, «una larga trayectoria de abusos» contra personas migrantes y solicitantes de asilo en sus zonas fronterizas. La fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno, ha denunciado esta misma semana que hay personas ingresadas en hospitales marroquíes por apaleamientos y violaciones, «sobre todo personas subsaharianas, los hombres con fracturas y las mujeres con violencia sexual». La tragedia de Melilla del 24 de junio de 2022, cuando murieron al menos 37 personas y desaparecieron 70 en la valla, sigue siendo la referencia más brutal de lo que la policía marroquí es capaz de hacer cuando actúa lejos de cámaras.
El patrón se repite con una frialdad administrativa que asusta más que la propia violencia física. Miles de personas han sido introducidas en autobuses en Tánger, Tetuán o Nador, y abandonadas en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en ciudades del sur como Beni Mellal, Ouarzazate o Safi, a más de mil kilómetros de donde fueron detenidas. Entre ellas ha habido heridos y personas con discapacidad, desplazados sin atención médica, sin comida y sin agua, en pleno desierto, como si la distancia física pudiera resolver lo que en realidad es una decisión política de desgaste. No hace falta matar directamente cuando se puede dejar morir por abandono, y esa distinción legal es la que Marruecos ha aprendido a explotar durante años.
Esa es la pregunta que hoy debería ocupar a cualquiera con memoria, ¿dónde están esos 294 jóvenes esta noche? ¿Fueron procesados con garantías, o subidos de nuevo a un autobús rumbo a un punto cualquiera del mapa, sin identificación, sin abogado, sin nadie que sepa su nombre? La experiencia reciente enseña que la detención rara vez es el final del recorrido. Es apenas el inicio de un traslado forzado cuyo destino solo conocen quienes lo ejecutan.
La venda que España y la Unión Europea se ponen
Nada de esto ocurre en el vacío. Organizaciones como la fundación porCausa han documentado que la mano dura marroquí contra los migrantes subsaharianos está financiada por España y por la Unión Europea, a través de la externalización de fronteras. Rabat recibe fondos, tecnología y cooperación policial a cambio de contener los flujos migratorios antes de que lleguen a suelo europeo, un acuerdo tácito que convierte a Marruecos en el ejecutor de lo que Europa no quiere hacer con sus propias manos, aunque sí financia con su dinero.
España mira hacia otro lado. Los cuerpos golpeados, las violaciones documentadas en hospitales, los traslados forzados al desierto, todo eso queda del lado marroquí de una línea que España trata como si fuera moralmente neutra, como si lo que pasa a pocos kilómetros de Ceuta no formara parte de la misma historia. La Unión Europea, por su parte, repite el gesto cada vez que firma un nuevo acuerdo de «gestión migratoria» con un régimen que ya ha demostrado, con hechos verificados cómo trata a las personas negras que cruzan su territorio.
Esta complicidad tiene nombre, se llama externalización, y funciona exactamente como fue diseñada, desplazando la responsabilidad y la violencia hacia el lado del Mediterráneo donde hay menos cámaras, menos derechos y menos consecuencias políticas. Cuando Bruselas y Madrid celebran que «la situación se ha normalizado» en Castillejos, están celebrando en realidad que el sufrimiento ha vuelto a quedar fuera de su jurisdicción y de su conciencia.
Los jóvenes detenidos ayer son personas con nombre, con familia, con una historia que empezó mucho antes de llegar a esa zona montañosa cerca de Castillejos. Vinieron de Malí, de Senegal, de Guinea, de Costa de Marfil, de Camerún, huyendo de la miseria, del hambre, de conflictos que Europa también ayudó a provocar o a sostener con su comercio de armas y sus intereses económicos. Ningún operativo de 7.000 efectivos, ninguna valla reforzada, ningún acuerdo de externalización de fronteras ha logrado nunca detener ese impulso, y no lo hará ahora.
No existe muro que resista el hambre. No existe barrera electrificada, ni patrullera, ni acuerdo bilateral capaz de frenar algo tan antiguo como la propia humanidad, el anhelo de salir de la miseria y buscar un lugar donde vivir con dignidad. Los pueblos han cruzado desiertos, mares y fronteras desde siempre, y seguirán haciéndolo mientras exista la desigualdad que empuja a unos hacia la supervivencia y protege a otros con privilegios de nacimiento. Marruecos puede expulsar periodistas para esconder lo que hace. España y la Unión Europea pueden seguir mirando hacia otro lado y llamándolo cooperación. Nada de eso cambiará lo esencial, que la migración no se detiene con represión, se detiene con justicia, y esa es la única frontera que realmente importa construir.
Redacción Afroféminas
