Por Agencia LQS*
El magistrado Francisco de Jorge ha imputado al mando del instituto armado por la gestión de los beneficios de su pareja, detenida por pertenecer a una red de trata y explotación sexual. El dueño del local, Ángel Crispín Gilaranz, ya fue procesado en la ‘Operación Pompeya’ por un fraude de 111 millones de euros.
Según recoge la información publicada por elDiario.es (13-5-2026), la Audiencia Nacional ha dado un nuevo golpe a una de las tramas de trata y blanqueo más persistentes de la capital. Las pesquisas, dirigidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, han salpicado directamente a un alto mando de la Guardia Civil, al tiempo que vuelven a poner en el foco al prostíbulo Vive Madrid, un negocio con un extenso historial delictivo.
Un teniente coronel en el punto de mira
El oficial, identificado como J.L.G.M. y con destino en la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil, ha sido investigado por su presunta implicación en el blanqueo de capitales procedente de la explotación sexual. Según fuentes jurídicas, el mando no está acusado directamente de trata, sino de gestionar los beneficios generados por su pareja sentimental, una mujer de nacionalidad búlgara que sí formaba parte del entramado criminal.
El pasado viernes, agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, entre ellas la pareja del teniente coronel y el dueño del prostíbulo Vive Madrid. El oficial no fue arrestado, pero este pasado miércoles declaró ante el juez De Jorge, quien le impuso la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
Los investigadores de Asuntos Internos descubrieron además que el teniente coronel habría realizado consultas irregulares en las bases de datos policiales para averiguar si su propia pareja estaba siendo investigada, un extremo que agrava su situación disciplinaria dentro del Cuerpo. La Guardia Civil abrirá ahora una información reservada que quedará en suspenso a la espera de una resolución judicial firme.
Vive Madrid: un prostíbulo reincidente
El epicentro de la trama vuelve a ser Vive Madrid, uno de los locales de alterne más grandes de la capital, ubicado en el distrito de Tetuán. El dueño del negocio, Ángel Crispín Gilaranz, ya había sido procesado en la denominada ‘Operación Pompeya‘ (2016), un macro caso por fraude fiscal que aún está pendiente de juicio. En aquella ocasión, la Fiscalía pidió dos años y medio de prisión para Gilaranz por un sistema fraudulento de cobro con tarjeta que defraudó a Hacienda más de 111 millones de euros.
Ahora, el juez De Jorge ha dictado prisión incondicional para los cuatro detenidos, incluido Gilaranz y la pareja del guardia civil. Los registros se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón, y las pesquisas apuntan a que el blanqueo de capitales traspasó fronteras, con ramificaciones en terceros países como República Dominicana.
Un entramado que controlaba a 2.000 mujeres
Según los sumarios de la causa, la organización criminal operaba con un sofisticado sistema de control de las mujeres víctimas de explotación sexual, que incluía un software de lectura de huella digital para monitorizar el tiempo que pasaban con cada cliente. En total, la trama controlaba a unas 2.000 mujeres en diversos prostíbulos de España.
Las escuchas telefónicas de la anterior fase de la investigación revelaron que Gilaranz presumen de tener entre sus clientes VIP a toreros y futbolistas, que accedían a los servicios tanto en el local como a domicilio. La nueva investigación, que permanece bajo secreto sumario, busca determinar el alcance de la participación del mando de la Guardia Civil en la gestión de los beneficios ilícitos y su posible responsabilidad en el blanqueo de capitales de origen delictivo.
* Con información de elDiario.es (13-5-2026)
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