La Fiscalía General del Estado estudia denunciar por delito de odio a la Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, dirigida por Alejandro Nolasco, vicepresidente autonómico y líder regional de Vox, tras la decisión de retirar la retribución semanal de 17 euros que recibían los menores extranjeros no acompañados en centros de acogida de la comunidad.
El argumento del recorte
La medida, impulsada desde el Departamento de Desregulación, se presentó como resultado de una auditoría interna que detectó un gasto anual de 180.000 euros en estas ayudas. Nolasco llegó a comparar esa cifra con «el coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias», una equiparación que convierte la dignidad de la infancia migrante y el cuidado a personas mayores en partidas que compiten por las migajas de un presupuesto que, paradójicamente, sí encuentra fondos para otras prioridades del pacto de gobierno entre PP y Vox.
Tras la polémica, la Consejería revocó parcialmente la medida, limitándola a tres centros concretos, alegando una supuesta «conflictividad» vinculada a la condena de dos menores residentes en uno de ellos por un ilícito penal.
Igualdad advierte de un posible delito
El Ministerio de Igualdad, a través de la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y Contra el Racismo, Beatriz Carrillo, remitió una carta a la Fiscalía especializada en delitos de odio advirtiendo de que la retirada del «dinero de bolsillo» podría constituir un delito de denegación discriminatoria de una prestación pública por razón de origen o nacionalidad.
Según Carrillo, la medida podría ser delito «si se apreciara que la medida adoptada comporta una lesión de la dignidad del colectivo afectado mediante su estigmatización o descrédito». Desde Igualdad resulta especialmente preocupante la asociación generalizada entre menor migrante no acompañado y delincuencia, ya que «atribuye implícitamente a un colectivo, especialmente vulnerable, la responsabilidad de unos hechos aislados cometidos por dos personas concretas», estableciendo un trato diferenciado basado únicamente en el origen y la nacionalidad.
Una estrategia que no es nueva
Esta no es la primera vez que instituciones gobernadas por la ultraderecha utilizan a la infancia migrante como arma política y presupuestaria. Ya lo vimos en las enmiendas de Vox en Valencia, donde se planteaban pruebas médicas invasivas para «verificar» la edad de menores tutelados. Y lo hemos denunciado también frente a la gestión del Partido Popular ante la crisis de menores migrantes, marcada por la evasión y la manipulación del discurso público.
El caso aragonés confirma un patrón: la infancia migrada, especialmente la racializada, se convierte en el chivo expiatorio perfecto para recortes que se disfrazan de eficiencia administrativa, mientras el mensaje real que se lanza a la sociedad es que hay niños de primera y niños de segunda según su origen y color de piel.
Desde Afroféminas seguiremos vigilantes ante este caso y ante cualquier intento de convertir la infancia migrante en objeto de disputa ideológica.
Redacción Afroféminas
