Como las nubes de una tormenta de verano, la actualidad va dejando caer —ahora una, ahora otra— una serie de truenos que hacen temblar todo el sistema alimentario hegemónico. La guerra en Oriente Medio ha vuelto a poner de manifiesto la dependencia de la agricultura intensiva respecto de los productos químicos importados, así como hace evidente la relación del precio de los alimentos con el coste del transporte, dado que mucho de lo que tenemos en la mesa llega de muy lejos. Los acuerdos de libre comercio que se renuevan, firman o negocian en el ámbito europeo —con Marruecos, Australia o los países del Mercosur— hacen sufrir a la agricultura y ganadería catalana, que debe competir con productos que se ofrecen a precios más bajos. Y, cuando menos se espera, el catacrac puede llegar con la noticia de jabalíes infectados de peste porcina.

¿Y dónde nos refugiamos? Las vulnerabilidades de este sistema alimentario son tantas que resulta casi imposible encontrar un lugar seguro. Las demandas mayoritarias del sector y las respuestas de la administración son como clavar unas tablas en un paisaje embarrado, sin abordar las incoherencias de fondo. Criticamos las importaciones, pero no cuestionamos la característica principal del modelo agrícola catalán, un negocio estratégico para nuestro PIB, dicen desde los despachos; preocupa el precio del petróleo y de los fertilizantes, pero no queremos buscar alternativas; da miedo que la peste entre en las granjas de cerdos, pero no se cuestiona que esta industria haya transfigurado todo el modelo agrícola catalán.

Los movimientos de soberanía alimentaria, que defendemos la transformación completa del sistema alimentario para hacerlo más justo, más resiliente, más autónomo y más local, todavía no hemos encontrado mecanismos suficientemente potentes y escalables para hacerlo posible. Se han impulsado muchas iniciativas de producción y comercialización agroecológica fuera del mercado convencional, pero, bajo el régimen capitalista y mercantilista, han tenido poca repercusión o incluso han sido anuladas o cooptadas en su espíritu transformador. En este sentido, el proyecto Singulars, impulsado por entidades como Eixarcolant, Ecocentral o Cal Valls, entre otras, representa una propuesta ambiciosa para articular una gran red de productores, elaboradores y comercios, y esperamos que tenga éxito.

Pero hemos tardado demasiado en comprender que la cuestión exigía una nueva perspectiva desde la que poder dar la vuelta al sistema alimentario. Y la teníamos delante: las luchas por la vivienda pública, la remunicipalización de la energía y la defensa de los sistemas sanitarios y educativos públicos nos mostraban que debemos dejar de ver la alimentación solo como un sector económico y garantizarla como un derecho humano también desde la vertiente pública.

Bajo esta nueva óptica podemos leer la propuesta del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de instalar cinco supermercados municipales en la ciudad, partiendo del siguiente argumento: si no puedo controlar la inflación alimentaria que impide una alimentación suficiente para mi población, ¿por qué no genero un espacio público donde ofrecer la cesta básica con condiciones más justas? ¿Por qué no hago una intervención pública para disputar la alimentación al sector privado? Y, además, decido abrir primero estos supermercados en los llamados desiertos alimentarios, es decir, en aquellas zonas de la ciudad que han perdido los comercios que ofrecían alimentos frescos.

Si pensamos en nuestro contexto, en el caso de las ciudades de nuestro país, una propuesta de creación de supermercados públicos no debería plantearse sin antes ejecutar una “remunicipalización” de los mercados municipales o de las centrales de compra, como Mercabarna. Porque, aunque son espacios de titularidad pública, no son gestionados como herramientas políticas que puedan garantizar precios justos al consumidor y al productor, ni priorizar los alimentos de proximidad y ecológicos. En cambio, para aquellos pequeños municipios que han perdido el comercio alimentario, la creación de tiendas de comestibles bajo la tutela de los ayuntamientos es una fórmula con mucho potencial, como la Asociación Micropobles de Catalunya ya está activando.

Sin embargo, abrir comercios públicos no significa generar un sistema alimentario público como tenemos para la salud o la educación. Por eso, inspirarnos en la propuesta de la Seguridad Social Alimentaria que se plantea desde algunos movimientos sociales de Francia es mucho más ambicioso y transformador.

En Francia, el Estado no cubre la salud primaria con sus instalaciones y profesionales, sino que utiliza un mecanismo que, a imitación de los sistemas de mutualismo, permite que cada ciudadano pueda ser atendido en los distintos centros médicos concertados. De manera similar, la propuesta para la alimentación pasaría por la transferencia de una cantidad económica —a partir de una tarjeta monedero— a cada consumidor que le permitiera adquirir una parte significativa de la cesta básica de alimentos en una red de centros concertados.

Esto, que podría ser rechazado con el argumento de que incrementa el gasto público con una medida que altera los mercados, permite decidir a quién vincular este mecanismo de transferencia y concertación: si se decide que la tarjeta solo se puede usar en mercados municipales, cooperativas de consumo o tiendas de barrio, significa apostar por el pequeño comercio y la economía social y solidaria frente al poder de los supermercados. Si se decide que esos establecimientos concertados se deben abastecer de alimentos ecológicos y de proximidad, significa apostar por la pequeña campesinado local frente al poder de la agroindustria. Y si se decide todo esto, significa preservar el territorio y su paisaje, y devolver vida al medio rural, frente a tantas operaciones extractivistas y agroexportadoras que lo maltratan.

Si las calles laten reclamando que la salud, la educación, la vivienda y la energía sean derechos de todas, queremos que este sea el momento de añadir la voz por una alimentación pública. Que llegue el día en que los diccionarios recuerden aquello que nunca deberíamos haber olvidado: que “público” es, sencillamente, aquello que pertenece al pueblo. Que la tormenta seamos nosotras.