Las fronteras y la gestión migratoria de la Unión Europea están experimentando un profundo cambio. Dejan de ser un mero trazado geográfico para convertirse en un conjunto de técnicas susceptibles de ser externalizadas y subcontratadas con terceros países, que ejercerán de carceleros a cambio de dinero.

Durante la última década, Bruselas ha trasladado sistemáticamente más allá de sus fronteras las funciones de interceptación, detención, control y deportación de emigrantes. Si resulta imposible detener a las personas en su camino hacia Europa, es preciso extender la frontera europea hasta los puntos más remotos, fuera del Viejo Continente.

El plan se dio a conocer tras una reunión celebrada en Copenhague el 4 de septiembre, a la que asistieron los ministros de Migración e Interior del “grupo de los cinco” (Grecia, Dinamarca, Austria, Alemania y Países Bajos), que han aprobado un modelo común para los centros de deportación y pretenden cerrar un primer acuerdo de reclusión hacia finales de año.

Dinamarca y los gobiernos de los otros cuatro países de la Unión Europea han declarado que prevén estar listos para enviar a las personas cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas a centros de deportación situados fuera de la Unión Europea para finales del año que viene, ya que las negociaciones con posibles países carceleros están entrando en una fase decisiva.

Las deportaciones forman parte de una reforma más amplia de la política migratoria de la Unión Europea. Bruselas ha recibido el mandato de negociar nuevos acuerdos de deportación, y el Parlamento Europeo ya ha aprobado un endurecimiento de las normas que permiten enviar a inmigrantes en situación irregular a los países carceleros. El plan ya fue aprobado por Estados Unidos durante el mandato de Trump.

Los cabecillas europeos se ven impulsados ​​por unas estadísticas contundentes: en la Unión Europea, solo entre el 20 y el 30 por cien de los migrantes cuyas solicitudes han sido rechazadas son efectivamente expulsados.

Los sospechosos habituales

El ministro griego de Migración, Thanos Plevris, anunció que el “grupo de los cinco” había acordado poner en marcha la fase piloto durante los seis primeros meses del año que viene. “Cinco países estamos trabajando intensamente en ello. Estamos cerca de alcanzar un acuerdo con un país africano. Se han mantenido conversaciones… La lucha contra la inmigración ilegal es nuestra prioridad… Creo que lograremos un acuerdo a lo largo de 2026 y que este entrará en funcionamiento en 2027”, declaró el ministro.

Plevris descarta la creación de centros cerrados en el país de acogida y habla de posibles destinos. “O bien regresará a su país de origen o bien irá a un tercer país”, declaró. No mencionó cuál será el futuro país de acogida, pero hay varios sospechosos.

El primero es Ruanda. También están tanteando a Uganda y Uzbekistán. Ninguna de estas informaciones ha sido confirmada oficialmente. En agosto el gobierno de Kigali reconoció haber mantenido conversaciones preliminares con países europeos que no identificó.

Reino Unido cerró en 2022 un acuerdo para enviar solicitantes de asilo a Ruanda, un proyecto que permaneció bloqueado durante años en los tribunales. Por su parte, al año siguiente Italia firmó un acuerdo con Albania para recluir allí a los deportados. En Estados Unidos, el año pasado Trump firmó acuerdos de expulsión a terceros países —entre ellos Sudán del sur, Esuatini (la antigua Suazilandia, en el sur de África) y Ruanda—, en ocasiones sin que existiera vínculo alguno entre los deportados y el país carcelero.

Varias de las deportaciones han sido impugnadas por la vía judicial. Por ejemplo, el acuerdo de Reino Unido con Ruanda o el de Italia con Albania.

El “grupo de los cinco” aspira a alcanzar un acuerdo con algún país carcelero antes de finales de este año, conforme a un calendario que constituye un objetivo y no una fecha definitiva. Inicialmente financiarán el mecanismo por su cuenta, con la intención de involucrar a la Comisión Europea en una etapa posterior.

Los carceleros de Asia central

En mayo Politico difundió información sobre la creación de centros de deportación especiales fuera de Europa, concretamente en África, los Balcanes y Asia central. La publicación señalaba directamente a Kazajistán y Uzbekistán como posibles carceleros. La filtración provocó un considerable revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales.

La reacción de los gobiernos kazajo y uzbeko fue inmediata, lo que demuestra la gran sensibilidad que este tema despierta en las sociedades locales. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán declaró no tener conocimiento de ninguna negociación de este tipo. Según él, efectivamente hay conversaciones en curso con Bruselas, pero estas se centran en dos puntos: la simplificación del régimen de visados ​​para los ciudadanos kazajos y un acuerdo convencional de readmisión. Este último, precisó, implica únicamente la obligación de Astaná de readmitir a sus propios ciudadanos que se encuentren en situación irregular en Europa, y en ningún caso supone un punto de tránsito para sirios o afganos.

Uzbekistán también declaró que no está llevando a cabo, ni prevé llevar a cabo, negociaciones sobre centros de internamiento para emigrantes. El núcleo de la cuestión reside en la interpretación de las negociaciones iniciadas oficialmente en diciembre del año pasado. Las partes están debatiendo un paquete que combina la “liberalización de visados” y la “readmisión”. En julio del año pasado, el Consejo de la Unión Europea otorgó un mandato oficial a la Comisión Europea para iniciar negociaciones con Kazajistán centradas específicamente en la readmisión, que es una práctica internacional habitual.

Europa ofrece facilidades en la obtención de visados a cambio de que el país readmita a aquellos de sus nacionales que infrinjan la normativa de visados. No se contempla ninguna cláusula relativa al encarcelamiento de ciudadanos de terceros países.

Sin embargo, hay sospechas de que la Unión Europea intenta ampliar el concepto de “readmisión” para convertir a Asia central en un “vertedero” de sus problemas migratorios. El plan europeo es enviar a Asia central no solo a uzbekos o kazajos, sino también a apátridas y ciudadanos de otros países.

Riesgos para Asia Central

La reacción de los gobiernos kazajo y uzbeko es significativa. La creación de campos de internamiento para los deportados por Europa, muchos de los cuales proceden de zonas en guerra, suscita protestas en los países afectados.

Por el momento, la filtración parece el clásico globo sonda informativo de Politico, con el objetivo de tantear la reacción de los gobiernos de Asia central, que ha sido rotundamente negativa. Tanto Astaná como Taskent se han desmarcado del plan europeo, por ahora.

No obstante, es evidente que la presión sobre las repúblicas de Asia Central se intensificará. Europa busca por todos los medios solucionar su crisis migratoria a costa de terceros. Bruselas exigirá concesiones a cambio del tan esperado régimen de exención de visados.

Los temores de que los gobiernos de Kazajistán y Uzbekistán no resistan son fundados. Todo dependerá de que las ofertas europeas sean sustanciosas. Las negociaciones no han hecho más que empezar.