Cada año, cuando llega el 8 de marzo, las instituciones españolas despliegan campañas, carteles y actos conmemorativos. El Ministerio de Igualdad presentó hace unos días su campaña oficial bajo el lema «Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance», protagonizada por la actriz Ángela Molina. La ministra Ana Redondo y la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, explicaron que la iniciativa pretende reutilizar el término «mujer de alto valor» —popularizado por corrientes antifeministas en redes sociales que asocian ese valor a la sumisión y la dependencia— para devolverle un sentido feminista. El gesto tiene cierta intención subversiva. Una imagen lo resume con más elocuencia que cualquier eslogan. Una mujer blanca representando a «todas las mujeres» en la campaña institucional del día que supuestamente habla de todas. La pregunta que esa imagen no responde es qué voz, quién la porta y a quién representa realmente. Porque en las mesas redondas del 8M, en los paneles institucionales, en los carteles de las campañas financiadas con dinero público, hay una ausencia que se repite constantemente: las mujeres negras y racializadas.
España tiene una historia migratoria larga y una población negra/afrodescendiente y racializada que lleva décadas aquí, trabajando, pagando impuestos, criando hijos, militando. Cuando el feminismo oficial convoca, esas mujeres no aparecen en los estrados, solo testimonialmente. Aparecen, con suerte, en el público. O en los datos que alguien cita sin preguntarles. El feminismo institucional español tiene un problema estructural con la representación racializada, y ese problema no se resuelve colgando una imagen de Angela Davis en un cartel —como ocurrió en una conferencia feminista donde ni una sola ponente era mujer racializada— ni mencionando la interseccionalidad en el programa sin aplicarla en ninguno de los criterios que organizan el evento.
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Editorial de la Unión Palestina de América Latina – UPAL
