Hay una frase en los autos del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos que hay que leer despacio. Los magistrados temen que el voto de los nuevos nacionalizados comprometa «el resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral». Está escrita con el tono aséptico de la prosa judicial. Leída con calma, dice mucho más de lo que parece.
Vamos a recordar de qué hablamos. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió la puerta de la nacionalidad a hijos y nietos de quienes la perdieron o renunciaron a ella tras sufrir exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual. Era una ley de reparación. Venía a decir que el país que expulsó a esas familias reconocía a sus descendientes como parte de sí. Más de 2,4 millones de personas han pedido acogerse a ella, en su gran mayoría desde América Latina. Esta semana, a petición de Vox y de Iustitia Europa, cinco de los seis magistrados que estudiaron el recurso acordaron suspender cautelarmente su derecho al voto hasta que haya sentencia. La magistrada Alicia Millán discrepó en un voto particular.
