Hace dos meses logró un trabajo de podar viñedos en Pacs del Penedès. Sin contrato. Para regularizar su situación se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional española de Vilanova y la Geltrú y solicitó una fotocopia de su NIE caducado con el objetivo de pedir a la empresa vitivinícola que le hiciera un precontrato de trabajo. Sin embargo, el desenlace fue lo contrario. Los agentes se quedaron en su pasaporte de Ecuador y le impusieron la medida cautelar de firmar cada quince días en comisaría. En la tercera ocasión que se presentó –acompañada de una educadora de la casa de niños de El Vendrell donde viven dos de sus hijos–, la esposaron, le quitaron el móvil y las pertenencias y la encerraron en los calabozos de la comisaría de los Mossos d’Esquadra. Desde allí, en el juzgado de guardia, que ordenó el traslado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. Le comunicaron que tenía una orden de expulsión de la que nunca le habían informado antes. El 19 de mayo ingresaba en el módulo F –femenino– del CIE, donde podía permanecer un máximo de sesenta días a la espera de un vuelo de deportación.

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