“Queremos que paralicen los expedientes de sanción a nuestros compañeros y la derogación de la norma”, reivindican a los dirigentes y, en concreto, al ministro Grande-Marlaska.
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Cuando en marzo del año pasado Ángel García recibió la multa, no se lo podía creer. “Todavía no sé qué hice, esa es la triste desgracia”, dice este jubilado de 74 años, miembro de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), que fue sancionado por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Y no es el único damnificado del colectivo por esta controvertida norma. Paco Cepeda, sindicalista y colaborador de COESPE, también ha sido multado. En su caso, denunció agresiones policiales. En ambos procedimientos, la versión policial se sustenta únicamente en el testimonio de los agentes.
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