02/11/26
Editorial de la Unión Palestina de América Latina (UPAL)
Las cifras hablan por sí solas. Cuando apenas el 18% de la población manifiesta satisfacción con la gestión de Mahmoud Abbas, el 83% percibe corrupción en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina y el 65% considera que la ANP se ha convertido en una carga para el pueblo, nos encontramos ante una profunda crisis de legitimidad política.
Pero surge una pregunta aún más incómoda: ¿Cuántas personas siguen apoyando esta estructura por convicción política y cuántas lo hacen porque dependen de los cargos, salarios, contratos, privilegios y beneficios que esta proporciona?
No podemos ignorar que, en torno a la ANP, se ha desarrollado una estructura burocrática que parece tener más interés en conservar sus propios espacios de poder que en responder a las necesidades nacionales.
Uno de los ejemplos más preocupantes es la interminable red de embajadas, representaciones y misiones diplomáticas palestinas distribuidas por el mundo. La representación internacional de Palestina es necesaria y constituye un derecho legítimo de nuestro pueblo. Sin embargo, esto no justifica mantener estructuras diplomáticas cuyo funcionamiento, personal, gastos y resultados no estén sometidos a una evaluación pública, transparente y rigurosa.
¿Cuánto cuesta mantener tal aparato diplomático? ¿Cuántas de estas representaciones desempeñan, de hecho, una función efectiva en defensa de Palestina? ¿Cuántos recursos se destinan a salarios, gastos administrativos y privilegios, mientras nuestro pueblo necesita asistencia, educación, reconstrucción y protección?
Palestina no necesita una burocracia diplomática que se reproduzca a sí misma. Necesita representantes comprometidos con su pueblo, con resultados verificables y con una verdadera vocación nacional.
No podemos aceptar que el apoyo político se convierta en moneda de cambio por cargos, beneficios o prebendas. La lealtad a Palestina no se compra con un salario, ni se demuestra ocupando un despacho diplomático. Mientras Gaza intenta sobrevivir a una catástrofe humanitaria, mientras Cisjordania sufre la ocupación y la expansión colonial, y mientras millones de palestinos en la diáspora aguardan una representación digna, resulta inadmisible que la prioridad de un liderazgo sea conservar sus privilegios y estructuras de poder.
La ANP no es propietaria de Palestina. Ninguna familia, partido, fuerza política o grupo de funcionarios tiene derecho a apropiarse de las instituciones nacionales.
Desde la UPAL, defendemos una renovación democrática profunda, una auditoría de los recursos públicos, la evaluación de todas las representaciones diplomáticas y el fin de los privilegios injustificados. Queremos instituciones al servicio del pueblo, y no un pueblo obligado a sostener instituciones que no lo representan.
Palestina necesita unidad, democracia, transparencia y dirigentes que sirvan a su pueblo, y no una burocracia que se sirva de él.
¡La patria no es un puesto de trabajo, la representación no es un privilegio y Palestina no es propiedad de nadie!
02/11/26
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