En las últimas semanas se ha producido una profundización sin precedentes de las políticas islamófobas y autoritarias de las clases dirigentes en Francia a través del gobierno del presidente Macron. Esta política tiene lugar en medio de una crisis socioeconómica, y tras el asesinato del profesor Samuel Paty y el atentado de Niza, perpetrados por personas que dicen estar comprometidas con la ideología yihadista, portadora de un proyecto social fundamentalmente reaccionario.

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Generalmente son considerados como tales los poderes del dinero, los medios de comunicación, las iglesias, los estamentos militares, los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales (ONG) e incluso las mafias y otras entidades que tienen potestades no previstas ni autorizadas por la ley no por eso son menos influyentes a la hora de la toma de decisiones en la sociedad.

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La brecha entre información y opinión es en realidad una brecha entre realidad y ficción, como sucede con otras empresas de Murdoch (véase, por ejemplo, el caso de Chris Wallace frente a Sean Hannity en Fox News). Esto no significa negar que las páginas editoriales del Journal fueran ligeras a la hora de substanciarse en hechos antes incluso de que Rupert [Murdoch] comprase el periódico. Pero la combinación de Murdoch y el “zeitgeist” trumpiano ha hecho de los editoriales del Journal algo tan profundamente basado en creencias que no resisten un examen empírico que se acercan cada vez más a Hannity que a un argumento racional.

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El movimiento feminista lleva meses preparando una convocatoria adecuada a las circunstancias adaptando las movilizaciones al actual contexto de pandemia y restricciones sanitarias. El «no ha lugar» es negar los esfuerzos, las demandas y las iniciativas feministas. Insistir en que hay que «seguir con la cultura de cuidado y prevención» dando lecciones a aquellas que, precisamente, ponen los cuidados en el centro.

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600.000 familias en pobreza severa han quedado fuera  del acceso al Ingreso Mínimo Vital, la medida aprobada en mayo de 2020 para que nadie quedase atrás. Personas que ahora tienen una certeza: se han quedado atrás.

“¿Qué hago, me muero ya?”. El interrogante aflora en medio de un tweet. Un texto breve en el que un joven explica que no puede más. Que justo cuando parecía que se abría la última puerta en forma de una prestación, se la han negado. No ha cotizado lo suficiente. En un país con un 40% de paro juvenil, con unas cifras de desempleo que superan los cuatro millones. No se sabe cómo —por qué tara suya no atajada a tiempo— el chico no ha juntado los meses necesarios de inmersión en un mercado de trabajo para tantos cerrado a cal y canto para optar a una mísera ayuda de subsistencia. Su existencia no es económicamente viable. Que pase el siguiente.

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La venganza contra el 1-O continúa. El próximo martes [finalmente fue el miércoles 3 de marzo. NdT] se sentarán en el banquillo los síndicos electorales que fueron nombrados por el Parlamento para supervisar la pureza del referéndum del 1-O.

La querella de la Fiscalía Provincial de Barcelona, ​​de 14 de septiembre de 2017, se presentó contra los cinco síndicos. Este escrito inicial, que en lo esencial se volcó en el escrito de acusación, contiene ya desde el inicio algo infrecuente: una calificación jurídica de los hechos alternativa. Por un lado, se denuncia -y después se acusa- por un delito de usurpación de funciones (art. 402 CP) y de desobediencia común (art. 556. 1 CP); por el otro, si no se dieran estos delitos, la infracción sería la de desobediencia a los tribunales (art. 410 CP). Se acompañó de un delito de malversación, pero, como no ha superado la instrucción, no hay que hablar.

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