Farwiza Farhan se deja la piel para preservar los bosques de orangutanes y elefantes de Indonesia. A miles de kilómetros, en Camerún, un grupo de mujeres recibe el apoyo de Marie  Crescence Ngobo para poder ganarse la vida de nuevo. Catalina no puede decir su nombre real, por el miedo a las represalias que supone defender la tierra en algunas zonas de Colombia. A todas les une su lucha contra el aceite de palma.

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El jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local de Santander, investigado por acosar de forma reiterada a una subordinada, mantiene su puesto  y sigue desempeñando funciones como las de  supervisar la unidad de vigilancia y protección de las víctimas a pesar de que tanto la Fiscalía de Cantabria como el Juzgado de Instrucción han detectado hasta cuatro presuntos delitos graves derivados de su actitud contra esta agente.

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Como la mayoría de acontecimientos políticos que acaban en los libros de historia, el procés también deja efectos colaterales. Páginas menos épicas, asuntos de andar por casa. Una vez fracasada la vía unilateral hacia la independencia, los policías y guardias civiles que hicieron de guardianes de la ley en Catalunya -y protagonizaron polémicas cargas durante el referéndum del 1 de octubre- los jueces y fiscales que persiguieron, imputaron y encarcelaron a los líderes del movimiento secesionista, intensifican sus reivindicaciones laborales esgrimiendo los servicios prestados al Estado en uno de los episodios más graves de la democracia.

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«Confiamos y creemos en sus palabras cuando dice que no tenía ni conocimiento ni responsabilidad en estos casos». Pablo Casado fue de los pocos dirigentes del PP que salió públicamente a defender a Esperanza Aguirre cuando estalló el caso Lezo. La entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid dimitió dos días después por tercera y definitiva vez. Desde entonces, la Audiencia Nacional ha avanzado en la investigación de los casos de corrupción bajo su Gobierno, desmontando la imagen de la buena gestión bajo la que se ocultaban los amaños y mordidas y estrechando el cerco sobre la expresidenta regional.

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El juicio de la trama de corrupción Gürtel no solo está sirviendo para certificar que el PP valenciano se financió de manera irregular en las campañas de 2007 y 2008 sino para evidenciar que una red corrupta se introdujo -o emanó- del mismo tuétano de la formación política. La versión de Álvaro Pérez El Bigotes desvela que tras una discusión con el equipo de Mariano Rajoy y, sobre todo, tras la pérdida en 2004 del Gobierno de España, la red corrupta emigró a las autonomías donde los populares afianzaban su poder, sobre todo en València y la Comunitat Valenciana.

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En marzo de 2017 los nueve empresarios «cazados» por la Justicia por pagar actos del PP de Francisco Camps firmaban un acuerdo con la fiscal para evitar la prisión. El pacto contemplaba reconocer los hechos de manera que las acusaciones pudieran acreditar que los populares hicieron trampa en las elecciones de 2007 y 2008, pero no que el dinero entregado fuera a cambio de adjudicaciones públicas, lo que podía haber añadido la malversación de caudales públicos a los ya asumidos delitos de falsedad y delito electoral. Al final, los patronos pasaron de enfrentarse a casi cinco años de cárcel cada uno a entre un año y tres meses y un año y nueve meses a la sombra.

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