

14/09/26
A principios de verano me despaché sobre la utilización de la emigración con fines electoralistas y sobre la amenaza —cada vez menos velada— de recortar nuestros derechos políticos… iluso de mí, pensé que aquel artículo sería suficiente para describir el clima de sospecha y oportunismo que se ha instalado en torno a la diáspora. Pero la realidad política española siempre encuentra maneras de superarse, aunque ya por desgracia no nos sorprende nada.
El martes 8 de septiembre, con el auto del Tribunal Supremo sobre la mesa, nos vemos obligados a continuar la reflexión, porque lo que está ocurriendo ya no es solo ruido político: es una ofensiva institucional que afecta directamente a nuestra participación democrática.
Este no es un artículo repetido. Es un artículo necesario. Porque lo que antes era una polémica fabricada por VOX y amplificada por ciertos dirigentes del Partido Popular, ahora se ha convertido en un procedimiento judicial que, aunque técnico, está siendo utilizado para reforzar la narrativa de que los emigrantes somos un problema, un riesgo, una anomalía que debe ser contenida.
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