En un mundo signado por la contradicción entre el unilateralismo hegemónico de Estados Unidos y un multipolarismo de nuevo tipo con eje en el BRICS ampliado −a lo que no son ajenos los conflictos bélicos en Ucrania y Gaza−, las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela adquieren una renovada dimensión geopolítica. Pero la novedad, ahora, es que la extrema derecha venezolana ha decidido participar en los comicios después de nueve años de aventuras desestabilizadoras y rupturistas diseñadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Pentágono y el Departamento del Tesoro de EU con base en una guerra híbrida que combinó operaciones de guerra sicológica (Opsic) con acciones callejeras insurreccionales; sanciones económicas y financieras unilaterales y extraterritoriales como herramientas de guerra por medios no militares y castigo colectivo contra la población civil; propaganda negra y desinformación ( fake news, información engañosa, rumores); sabotajes; intentos de magnicidio; abstencionismo y boicots electorales y el gobierno paralelo
de Juan Guaidó, actividades todas dirigidas a un cambio de régimen político. A lo que se suma, en la coyuntura, la solicitud de Washington al gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, de reanudar el diálogo directo entre ambos países, lo que demuestra la necesidad de Washington de asegurar el flujo de petróleo venezolano.
En unos comicios en que están llamados a participar poco más de 21 millones 600 mil venezolanos que podrán optar entre 10 candidatos a la presidencia de la República, las intenciones del voto apuntan al actual mandatario, Nicolás Maduro, y al opositor Edmundo González Urrutia, representante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa un bloque de partidos de extrema derecha.
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