En la Comunitat Valenciana, lo que se discute estos días en Les Corts no es solo la distribución técnica de unos presupuestos. Lo que se discute es hasta qué punto estamos dispuestas como sociedad a permitir que el odio se convierta en norma, que la discriminación se vuelva legal, y que las vidas de las personas migrantes y racializadas sigan siendo moneda de cambio político. Lo que está en juego no es una partida más o menos. Lo que está en juego es el sentido mismo de comunidad, de democracia y de humanidad.
Las enmiendas que el grupo parlamentario de VOX ha presentado a los presupuestos autonómicos valencianos para 2025 es un ataque coordinado y sistemático contra los derechos fundamentales de miles de personas, con el objetivo de institucionalizar el racismo, justificar la exclusión y legitimar el rechazo como política pública. Y frente a ese ataque, el Partido Popular tiene una responsabilidad histórica: impedir que la Comunitat Valenciana se convierta en laboratorio de una distopía racista impulsada por la ultraderecha.
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