Es más fácil para Trump mandar a reventar hombres y botes en el Caribe, presionar a países con actos de terror militar y psicológico, que afrontar el problema en casa.
Solo en los casos de Alejandro Carranza Medina (asesinado) y del también colombiano Jeison Obando Pérez y el ecuatoriano Andrés Fernando Tufiño Chila, sobrevivientes de un ataque el 16 de octubre, se han conocido las identidades de las víctimas de esas operaciones ordenadas por Donald Trump. Foto: EFE
En medio de su proclamada cruzada contra el «narcoterrorismo», ocupado en hacer la «paz» en cada confín del planeta –siete u ocho pacificaciones ha hecho, dice, incluida una entre Albania y Azerbaiyán aunque guerra no hubo–, Donald Trump aboga por el indulto a Benjamin Netanyahu (señalado por un genocidio soportado militar y políticamente desde la Casa Blanca, enjuiciado en Israel por varios cargos de corrupción), indulta al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (condenado por narcotráfico en una corte de EE.UU.) en un sombrío capítulo de injerencia electoral, y desestabiliza el Caribe y América Latina con el mayor despliegue naval militar desde la Guerra del Golfo, enfilado contra Venezuela y bajo el manto de un operativo antinarcóticos que viola todos los derechos y principios jurídicos, empezando por el de la proporcionalidad.
Trump ha redefinido a su antojo el derecho internacional como si fuera uno de sus caprichos inmobiliarios, el último de ellos el ala este de la Casa Blanca; ha declarado «organizaciones terroristas extranjeras» (FTO, siglas en inglés) a carteles criminales y sostenido una campaña de ataques contra embarcaciones (2 septiembre – 4 diciembre) que ha dejado 22 lanchas destruidas y al menos 87 muertos, presuntamente narcotraficantes y también, posible en no se sabe cuántos casos, pescadores o emigrantes. Ejecuciones extrajudiciales, apuntan la ONU, expertos en derecho, congresistas estadounidenses y Gobiernos.
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