Ayer el Tribunal Internacional de Justicia instó a Israel a implementar de manera “inmediata y efectiva” las medidas provisionales que ordenó el mes pasado para prevenir el genocidio de Gaza.

“El Tribunal observa que los acontecimientos más recientes en la Franja de Gaza, y en Rafah en particular, empeoran exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con consecuencias regionales incalculables, como ha indicado el Secretario General de la ONU”, dice un comunicado de prensa del Tribunal en respuesta a la solicitud de medidas adicionales planteada por Sudáfrica.

La “peligrosa situación” en Gaza y Rafah, ciudad en el extremo sur del enclave palestino, “requiere la aplicación inmediata y efectiva de las medidas provisionales indicadas en l resolución de 26 de enero de 2024”, dice el Tribunal, añadiendo que eso “no requiere la indicación de medidas provisionales adicionales”.

“El Estado de Israel sigue obligado a respetar plenamente sus obligaciones bajo la Convención sobre Genocidio y dicho decreto, en particular garantizando la seguridad de los palestinos en la Franja de Gaza”, retiera el principal órgano judicial de la ONU.

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Las empresas energéticas a las que Israel ha adjudicado licencias para la exploración de gas frente a las costas de Gaza podrían ser condenadas por saqueo de guerra y violación de la soberanía marítima palestina.

El Ministerio de Energía de Israel otorgó derechos de exploración a tres empresas: el gigante energético italiano Eni, la británica Dana Energy y la empresa israelí Ratio Petroleum, tres semanas después del inicio de la guerra de Gaza en octubre.

Tres ONG palestinas (Al Haq, el Centro Palestino de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Al Mezan) han notificado a las empresas que utilizarán “todos los mecanismos legales de manera exhaustiva” si siguen adelante con las perforaciones en las aguas jurisdiccionales palestinas.

Más de la mitad del área para la cual las empresas han obtenido licencias se encuentra en aguas jurisdiccionales palestinas. Las fronteras fueron declaradas en 2015, cuando los palestinos se adhirieron a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el acuerdo internacional que proporciona el marco legal para todas las actividades marítimas.

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