El momento, como sucede con tantas otras cosas en las guerras en curso en Gaza y Líbano, fue el más apropiado. El Knesset israelí había manifestado su intención de paralizar y desterrar la única agencia humanitaria de valor para el bienestar palestino al aprobar leyes que criminalizan sus operaciones por 92 a 10 el 28 de octubre.
El ataque a la UNRWA también vino acompañado de una demanda judicial simultánea, esta vez por parte de Sudáfrica. Pretoria ya había dejado clara su voluntad el 28 de diciembre de 2023 al presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que denunciaba “violaciones por parte de Israel de la Convención [de las Naciones Unidas] para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio […] en relación con los palestinos de la Franja de Gaza”. El gobierno sudafricano argumentó que los actos y omisiones de Israel eran supuestamente de naturaleza “genocida”, “cometidos con la intención específica requerida… de destruir a los palestinos de Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio”.
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