La semana pasada, la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, retiró abruptamente su invitación a la cantante Kehlani para actuar en un próximo evento del campus. En una carta a los estudiantes, Michael I. Kotlikoff, rector de Cornell, acusó a la cantante de antisemitismo y mencionó la necesidad de evitar la división y la discordia. La falsa y despreciable acusación de antisemitismo de Kotlikoff se basa únicamente en la oposición pública de Kehlani al genocidio israelí de los palestinos. Actuando como un brazo del gobierno estadounidense, la administración de Cornell busca silenciar a quienes se oponen a los crímenes de lesa humanidad del estado sionista.

Con el inicio de la huelga de 48 horas de más de 55.000 trabajadores del condado de Los Ángeles el martes, quedó clarísimo que se trata de una batalla crucial no solo por las demandas inmediatas de estos trabajadores, sino también por la lucha más amplia contra la desigualdad, la represión estatal y la guerra bipartidista contra los derechos democráticos.

Los trabajadores del condado de Los Ángeles —enfermeras, trabajadores sociales, personal administrativo, conserjes y muchos otros— prestan servicios a unos 10 millones de personas y mantienen en funcionamiento la que se considera la quinta economía más grande del mundo. Exigen lo fundamental: aumentos salariales que se ajusten al alza del costo de la vida, una dotación de personal segura y el fin de los planes de privatización que desvían los recursos públicos hacia las arcas corporativas. Sin embargo, los funcionarios del condado, respaldados por la aristocracia financiera que gobierna Los Ángeles con mano de hierro, han respondido con desdén, amenazas y mentiras.

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Los funcionarios del Departamento de Justicia bajo el gobierno de Trump están supervisando una purga masiva de la división de derechos civiles del departamento, con el objetivo de reorientar la agencia de su mandato oficial —oponerse a la discriminación en educación, votación y vivienda, así como limitar el abuso policial— hacia el fomento de la represión policial, el ataque contra los opositores políticos de Trump, el incremento de agresiones contra las protestas universitarias y la intensificación del impulso para imponer el control gubernamental sobre las universidades bajo el pretexto de combatir el antisemitismo.

La división de derechos civiles se creó bajo el gobierno del presidente Eisenhower en 1957, en las primeras etapas del movimiento por los derechos civiles y tras la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de ese año.

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