Comenzó el 20 de febrero lo que parece la última batalla por la extradición de Julian Assange. No importa a estas alturas qué determinen los jueces de los reales tribunales de justicia de Reino Unido –en marzo sabremos–, ellos están legislando sobre el derecho a localizar a un periodista en cualquier parte del mundo, arrestarlo, transportarlo a Estados Unidos y arrojarlo a una prisión para que se pudra en vida, en el mejor de los casos.
Es dolorosa e indignante esta trama, por donde se mire. Assange está encerrado desde hace más de una década, primero en la embajada de Ecuador en Londres, gracias a la protección de Rafael Correa, y luego en una cárcel de máxima seguridad, vendido ignominiosamente por Lenín Moreno. Los que ordenaron y ejecutaron matanzas incalificables y espiaron a medio mundo, incluidos líderes internacionales, están decididos a hacerle pagar la osadía al periodista, no importa cuánto tengan que violentar los sistemas jurídicos británico y estadunidense.
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