El 30 de junio, el Gobierno cubano anunció que su plan económico y presupuesto para 2024 se ajustarán a condiciones de una “economía de guerra”. El anuncio de una economía de guerra y la profundización de las medidas de austeridad son una respuesta a la profunda crisis económica, social y política que azota a la isla, resultado de décadas de embargo y sanciones por parte del imperialismo estadounidense y la incapacidad del estado cubano para contrarrestarlas eficazmente.
Hablando en la reunión del Consejo de ministros en la que se anunciaron estas medidas, la primera viceministra de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, dijo que están destinadas “en esencia, a corregir los desequilibrios macroeconómicos; aumentar la atracción de divisas al país a través de diferentes medios y conceptos; incentivar la producción nacional, con énfasis en la producción de alimentos; y organizar el funcionamiento de las formas de gestión no estatal”.
Como cualquier otro estado capitalista de la región, el régimen nacionalista burgués en Cuba no encuentra otra solución que abaratar la mano de obra y adoptar los dictados del capital financiero global para atraer inversiones, dependiendo hoy principalmente del capital español, francés, chino, canadiense y ruso.
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