La resolución fue aprobada, pero la votación demostró una persistente violación del derecho internacional en favor de intereses estratégicos.
El 18 de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución en la que se instaba a Israel a poner fin a su ocupación ilegal del territorio palestino en el plazo de un año. La votación, que concluyó con 124 votos a favor, 12 en contra y 43 abstenciones, ha sido interpretada por algunos como un triunfo significativo de la defensa de los derechos palestinos.
Sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que 54 países (excluyendo a Israel) –que constituyen aproximadamente el 28 por ciento de todos los Estados miembros– no hayan respaldado la resolución. Esto no sólo significa una falta de coraje moral, sino que también pone de relieve una hipocresía generalizada que sigue determinando la gobernanza global. De hecho, refleja los continuos esfuerzos por erosionar el régimen internacional con el fin de garantizar la impunidad para Israel.
