A dos días del décimo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sólo se mantiene la ausencia de certeza sobre su destino entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014. Este caso, bien sabemos y no olvidamos, no es el único cubierto bajo el manto de la impunidad. Basta con el de 1968, cuyo intento de investigar y judicializar en el foxismo, a través de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado , concluyó casi abruptamente ante un primer informe que prefiguraba responsabilidades para el Ejército, institución que frenó al propio Presidente de la República de aquel entonces y, con ello, a la fiscalía referida. Cincuenta y seis años en un caso 10 en otro y ¿cuántos más? sobre procesos convertidos en efemérides, señal equivalente a impunidad operada desde el Estado, aun a costa de la dignidad y la lucha persistente de las víctimas y movimientos sociales empeñados en encontrar justicia.