Fuente: TeleSUR 19 abril 2019
La comunidad mapuche está a la espera del pronunciamiento de la CPI para que de inicio a las labores de investigación y comparecencia. | Foto: EFE
Colectivos y movimientos organizados ligados a la comunidad mapuche esperan que esta denuncia logre reivindicar los derechos de su etnia y que además haga justicia a años de maltratos y vejaciones.
Argentina y Chile fueron denunciados ante la Corte Penal de La Haya (CPI), bajo cargos de genocidio contra el pueblo mapuche; la demanda fue introducida en esta instancia internacional por la líder y autoridad mapuche, lonco Juana Calfunao Paillaléf, quien encabeza una comisión de mujeres al frente del reclamo judicial.
LEA TAMBIÉN:
Justicia chilena acoge recurso en favor de mapuches detenidos
La denuncia fue oficializada ante la CPI mediante un comunicado que pide que ue las pruebas de masacres y abusos perpetrados por ambos Estados, (Chile y Argentina), sean reconocidos como genocidio contra esta comunidad ancestral suramericana.
En este sentido, el documento manifiesta que los crímenes iniciaron desde y durante el establecimiento de las llamadas Repúblicas en los territorios que hoy ocupan los Gobiernos de Chile y Argentina respectivamente. Asimismo, el documento que acompaña la demanda refiere a raptos, venta y adopción ilegal de menores de edad, desaparición, secuestro y tortura.

Según se ha informado, la denuncia incluye acusaciones documentadas sobre bebés mapuches robados destinados a su adopción por parte de familias extranjeras, casos que podrían llegar a más de 10 mil. Los demandantes hicieron un llamado a organizaciones públicas, partidos políticos y personalidades de ambas naciones e incluso exmandatarios a presentar declaraciones ante la CPI.
Los abusos policiales y las decisiones arbitrarias por parte de los gobiernos de Sebastián Piñera (Chile) y Mauricio Macri (Argetina) contra la comunidad Mapuche son reseñados por la prensa al igual que las desapariciones y amenazas de líderes sociales.
La CPI es un tribunal internacional permanente cuya experticia radica en la investigación y juicio de crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, y cuya misión deriva en dar justicia a las personas víctimas de alguno de estos delitos.