España, portaaviones de los yanquis — Alfredo Grimaldos

Fuente: http://arrezafe.blogspot.com/2022/06/espana-portaaviones-de-los-yanquis.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email                                                                        02 junio, 2022

España, portaaviones de los yanquis — Alfredo Grimaldos

 

Capítulo 3º de La CIA en España, de Alfredo Grimaldos

Os recibimos, americanos, con alegría. ¡Ole mi madre!,

¡ole mi suegra!, y ¡ole mi tía!

Los tres acuerdos bilaterales de cooperación firmados el 26 de septiembre de 1953 entre España y Estados Unidos constituyen el gran espaldarazo internacional al franquismo tras la etapa de aislamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este reconocimiento por parte de la gran potencia atlántica apuntala al Caudillo en el poder. Ya en noviembre de 1949, la ONU ha anulado su recomendación anterior de retirar los embajadores de territorio español y, en julio de 1951, el almirante Sherman, enviado a Madrid por la Administración norteamericana, inicia las negociaciones sobre el establecimiento de bases militares en España.

A cambio de convertirse prácticamente en un país satélite, España recibirá una importante ayuda militar y económica. El 25 de agosto, apenas un mes antes de suscribir los acuerdos con los norteamericanos, Alberto Martín Artajo, Domenico Tardini y Fernando María de Castiella han firmado el Concordato que va a suponer la consagración del carácter confesional del régimen franquista. La Iglesia y el Imperio, de la mano, respaldan a Franco. En diciembre de 1959, el presidente Eisenhower visitará España y su viaje supondrá la definitiva homologación internacional del régimen.

La Asamblea General de la ONU decide el aislamiento de España y la retirada de los representantes diplomáticos acreditados en Madrid en diciembre de 1946. La iniciativa parte de Stalin, pero cuenta con el beneplácito norteamericano. Sin embargo, un año más tarde, el voto estadounidense impide que se ratifique esa condena. Comienza a plantearse la Guerra Fría y el presidente Harry Traman, sucesor de Roosevelt, no quiere prescindir de un punto de apoyo fundamental para su planteamiento geoestratégico hegemónico.

La Conferencia de Paz de París, celebrada entre julio y octubre de 1946, evidencia los profundos desacuerdos existentes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que van situando en posiciones cada vez más enfrentadas a las dos superpotencias. La política exterior que el presidente Roosevelt tenía previsto aplicar en Europa al final de la guerra se va endureciendo notablemente con la Administración Traman, y lo hará aún más cuando el republicano Eisenhower llegue a la Casa Blanca. En febrero de 1947 se sitúa al frente del Departamento de Estado norteamericano George Marshall, un anticomunista furibundo empeñado en cortar la progresión de la Unión Soviética en Europa a toda costa. El enfrentamiento estratégico entre los dos antiguos aliados convierte al continente europeo en un tablero de ajedrez. En estas circunstancias, el astuto dictador español comprende que, a pesar del boicot que sufre su régimen, la nueva situación que se está creando acabará favoreciéndole y comienza a prepararse pacientemente para cuadrarse ante Estados Unidos cuando el líder de Occidente llame a su puerta. A medida que la presión internacional contra el franquismo se va debilitando, las esperanzas del Gobierno republicano en el exilio y las pretensiones de la oposición monárquica empiezan a languidecer. El régimen aprovecha el resurgir del anticomunismo en Estados Unidos parar hacer valer su «imprescindible contribución a la causa de Occidente». Y los norteamericanos están cada vez más convencidos de que Franco es su hombre.

«Desafortunadamente, no hay ninguna evidencia de que exista una oposición efectiva a Franco, ni dentro ni fuera de España, que pueda traer un cambio de gobierno de una manera ordenada», se señala en un informe confidencial del Consejo Nacional de Seguridad norteamericano. Lleva fecha del 5 de diciembre de 1947 y en él se hacen distintas valoraciones sobre la posibilidad de intentar reemplazar el régimen de Franco por otro más democrático. Continúa:

A través de diversas maniobras, concesiones ocasionales y una persecución indesmayable por parte de la policía, el gobierno franquista ha conseguido detener la acción de la oposición, y no parece que el Ejército, que es el que apoya al régimen de Franco, vaya a cambiar de postura … Los representantes de los viejos republicanos, los monárquicos y los socialistas, hasta el momento, no han sido capaces de comprometerse, dentro de sus diferencias, para llegar al acuerdo de un programa de acción conjunta. A excepción de los comunistas, los partidos de la oposición están divididos y desorganizados.

La conclusión del informe es que no hay más remedio que hablar con Franco y enseguida. También se señala que ha habido conversaciones con los británicos para valorar conjuntamente la posibilidad de que el Vaticano tome parte en el intento de convencer a Franco de que se retire, pero los norteamericanos no lo ven nada claro: «Tenemos serias dudas de que el resultado de esto pudiera tener algún efecto. Pero incluso si el plan fuera aceptado y Franco se retirara, existen grandes probabilidades de que se puedan producir luchas políticas que llevaran al caos interno, lo cual resultaría una ventaja para los comunistas».

Para la economía estadounidense, dispuesta a expandirse cuando ya se empiezan a agotar los beneficios del boom posbélico, es necesario un rearme de Occidente. El nuevo objetivo es «acelerar el restablecimiento de las dos fábricas más grandes de Europa y Asia: Alemania y Japón», según declara el secretario de Estado, Dean Acheson, el 8 de mayo de 1947. Los vencedores de la Guerra Civil española se van a encontrar con un anhelado regalo, que supone para ellos su tabla de salvación: como en los años treinta, la Unión Soviética vuelve a ser la gran amenaza.

El Plan Marshall de «ayuda» a Europa es aprobado con facilidad en el Congreso y el Senado norteamericanos, y en abril de 1948 se votan los primeros créditos. El objetivo del Plan es restablecer la economía en todo el mundo y crear condiciones políticas y sociales que permitan la existencia de «instituciones libres», pero evitando «cualquier propuesta que se base en el supuesto de un choque entre Europa Oriental y Occidental, lo cual sería inaceptable para los pueblos europeos». Para evitar contradicciones innecesarias en el seno del bloque occidental, dado el rechazo que Franco provoca entre algunos gobiernos europeos, de momento España se queda sin los beneficios económicos del Plan Marshall.

En julio de 1947, durante la reunión de los aliados celebrada en París, la Unión Soviética analiza con rotunda claridad la nueva situación que se está creando en el Viejo Continente: «Los créditos norteamericanos no servirán para el restablecimiento económico de Europa, sino que serán utilizados por unos países europeos contra otros países europeos, de la manera que les parezca más conveniente a algunas potencias industriales que se esfuerzan por alcanzar el predominio». Las servidumbres políticas y económicas exigidas por el Plan Marshall a los países que van a beneficiarse de él indican que el centro de decisiones de la Europa Occidental de posguerra continuará en Estados Unidos.

En 1947 se produce un pequeño complot monárquico contra Franco, al que el propio dictador, que no se caracteriza por tener dudas a la hora de firmar sentencias de muerte, concede poca importancia. La frustrada conjura está articulada en torno al general Beigbeder, que ha sido el segundo ministro de Asuntos Exteriores del régimen, durante un breve período inmediatamente posterior al término de la Guerra Civil.

Documentos diplomáticos desclasificados por el Departamento de Estado norteamericano revelan el corto alcance de esa conspiración interior y el escaso apoyo que le presta Estados Unidos. La Administración Truman ya tiene perfectamente trazada la línea de apoyo al régimen de Franco, pero la oposición monárquica, espoleada por los manifiestos de don Juan de Borbón, ha llegado a un acuerdo con los republicanos para constituir un «Frente de Solidaridad Interior» que, tras derrocar a Franco, dé paso a un Gobierno presidido por Beigbeder, que se encargaría de garantizar la transición hacia una situación constitucional.

Durante una conversación mantenida en febrero de 1947 con el entonces encargado de negocios norteamericanos en España, Bonsal, Juan Beigbeder comunica que si Londres y Washington no dan al proyecto «una favorable acogida pronto, todo se vendrá abajo y Franco se mantendrá en el poder treinta años». Para Bonsal, y así lo expresa en un informe del Departamento de Estado, los intereses norteamericanos se verían favorecidos por «la aparición, tan pronto sea posible, de un gobierno de tendencias moderadas capaz de pilotar al país entre los dos extremos de una dictadura rígida de los elementos fascistas o reaccionarios, por una parte, y la revolución social por la que aboga Moscú, de otro lado». Pero sus jefes de Washington no están de acuerdo: Franco les ofrece más garantías. Además, la Ley de Sucesión, aprobada en referéndum el 6 de julio de 1947, da al traste con los pactos de la oposición, al aceptar don Juan de Borbón la «legalidad» que se le propone.

El encargado de negocios de Estados Unidos en Madrid, Paul Culbertson afirma que «son unos insensatos los monárquicos que se me acercan a pedirme que Norteamérica asfixie económicamente a España. Si eso ocurriera, caería Franco, pero la monarquía no recogería la herencia. Lo que tiene que hacer el Rey es ponerse de acuerdo con Franco». Martín Artajo y el entonces director del Instituto de Cultura Hispánica, Joaquín Ruiz Giménez, mantienen una entrevista con Culbertson en la que ambos le dan toda clase de seguridades sobre la vocación proamericana del Gobierno español y le recalcan que el régimen es profundamente «anticomunista», por lo que, en caso de conflicto norteamericano-soviético, España siempre estaría al lado de Estados Unidos.

Franco, en persona, le explica a Culbertson su posición, planteándole que España ha sido estrictamente neutral desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y que no ha obtenido ni reclamado por ello ningún beneficio territorial, a pesar de las promesas de Churchill y Edén sobre Gibraltar. También le asegura que los exiliados son libres de volver cuando quieran y le explica que el programa de su Gobierno tiene un carácter «social» y persigue ampliar la estructura educativa, cívica y política del país. Culbertson se queda entusiasmado: «Franco es un hombre sincero y honrado consigo mismo. Está convencido de que lo que hace es para el beneficio del pueblo español».

El nuevo encargado de negocios es un anticomunista de la línea dura y en sus informes sostiene que la oposición interior es la culpable del endurecimiento del régimen: «Sin más que oposición a su alrededor, Franco sólo tenía dos alternativas: suicidarse o tirar de las riendas de la dictadura». Culbertson también está convencido de que la Iglesia católica no está dispuesta a apoyar ningún cambio. Ni el Vaticano, ni la jerarquía española. El funcionario norteamericano se inclina por la «evolución como término opuesto a revolución». Opina que a Franco

se le pide que cambie un pájaro que tiene en la mano por ciento que aún están volando, por lo que es de suponer que quiera saber más de esa bandada de pájaros, y si las seguridades que pueden dársele son suficientes, creo que se mostraría interesado. Nadie puede rehusar una mano amistosa que le saque del sumidero en el que ahora se encuentra, y eso a pesar de que parece creer que ha sido el elegido por un algo superior para conducir a España y a los españoles hasta la luz. Tengo el presentimiento de que, con todo, querrá volver a poner los pies en el suelo. Es muy posible que se comportara así si, ante la perspectiva de un desastre económico, se diera a España ayuda material verdaderamente significativa, evitando de esa manera una catástrofe tanto política como económica.

El propio Franco realiza unas declaraciones al corresponsal diplomático de Newsweek, la revista oficiosa de la CIA, el 22 de noviembre de 1948, que levantan una gran polvareda en el exterior. En ellas afirma que, de no haber sido por la intromisión británica, se habría llegado a un acuerdo con Estados Unidos hace tiempo. Insiste en que resulta imposible mantenerse neutral en esos tiempos y se muestra dispuesto a liberalizar el país, en la medida «compatible con la seguridad y el bienestar». «Es cierto que nuestros obreros no pueden ir a la huelga, pero simultáneamente el gobierno trata de darles incluso más ventajas de las que recibirían vía huelgas.»

Las consideraciones que el activo Paul Culbertson transmite a sus superiores encuentran eco en las palabras que el senador Gurney pronuncia tras la visita de una misión militar norteamericana a España: «Todos los que se resisten al comunismo deben comprender el interés por hacer entrar a España en el seno de las Naciones Unidas». Una creciente corriente de simpatía hacia el régimen franquista comienza a recorrer desde ese momento los medios financieros, políticos y militares norteamericanos.

El siguiente paso de Culbertson es la recomendación a su Gobierno de que se ofrezcan a España créditos similares a los habilitados por Estados Unidos para otorgárselos a otros países europeos. La respuesta del secretario de Estado Dean Acheson es inmediata: España los puede pedir. El mismo Truman puntualiza que el hecho de que España no se beneficie del Plan Marshall no implica que le estén vedados los créditos de los bancos norteamericanos. A continuación, el Chase National Bank concede un crédito de 25 millones de dólares para la adquisición de alimentos, dado que una de las condiciones impuestas es que los créditos se utilicen para «fines específicos que contribuyan a la rehabilitación económica de España». Los norteamericanos añaden a esta disposición también otras directrices económicas, como la devaluación de la peseta hacia un tipo más realista de cambio con el dólar, mayores facilidades para la penetración del capital extranjero en España y el recorte de las funciones del Instituto Nacional de Industria.

El 3 de septiembre de 1949, el almirante Michael Connelly, comandante en jefe de las fuerzas navales norteamericanas en el Atlántico Oriental y el Mediterráneo, se entrevista con Franco, y en el otoño de ese mismo año, el senador McCarran, miembro relevante del «lobby español» en Estados Unidos, también visita España. En enero de 1950, Dean Acheson declara que está dispuesto a defender ante las Naciones Unidas el regreso a España de los embajadores retirados en 1946. En una carta enviada a Tom Connally, presidente del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, Acheson expone:

Estados Unidos ha cuestionado durante largo tiempo la sabiduría y la eficacia de las acciones recomendadas por la resolución de 1946… Retrospectivamente, está claro que tal acción no sólo fracasó en su objetivo, sino que sirvió para fortalecer la posición del Régimen actual… En ningún sentido significa nuestro voto la aprobación al Régimen de España.

Desde un punto de vista militar, España es imprescindible para la defensa occidental, y así se lo hace saber a la Casa Blanca, el 8 de mayo de 1950, el almirante Connelly en una comunicación secreta:

El Estado Mayor Conjunto recomienda que, con respecto a España, Estados Unidos presione para la aceptación por parte del Reino Unido y Francia de los objetivos de la política de EE.UU. También recomienda vehementemente que el Departamento de Estado lleve a cabo acciones sin demora para asegurar a EEUU y a sus aliados accesibilidad militar y cooperación con España, bien bilateralmente o bien a través de la aceptación por parte de esa nación como firmante del tratado del Atlántico Norte o del tratado de la Unión Occidental. El Estado Mayor Conjunto cree firmemente que debe encontrarse alguna forma para solucionar las objeciones políticas del Reino Unido y Francia a la mejora de las relaciones con España, en particular, dado que la mayoría de las naciones europeas afectadas están de acuerdo en la importancia de los puntos de vista de seguridad y estratégicos de España.

La cosa está clara. El conflicto de Corea, iniciado en 1950, da lugar a un nuevo planteamiento estratégico por parte de Estados Unidos. Ante una Unión Soviética ya dotada de armamento nuclear, la estrategia de respuesta se centra en la única arma capaz de alcanzarlos centros de la URSS considerados vitales: los superbombarderos atómicos de largo alcance. Para asegurar ese alcance se hace ineludible la estructuración de una red de bases sobre la que organizar el Strategic Air Command (Mando Aéreo Estratégico), elemento esencial del poderío nuclear estadounidense. El centro neurálgico en Europa de esa estructura militar se va a situar a muy pocos kilómetros de la capital de España.

«La Junta de Jefes Militares está convencida de que, ante los bien conocidos objetivos del Kremlin y las crecientes capacidades militares de la URSS, la falta de colaboración militar entre los países firmantes de la OTAN y España nos afecta de una manera adversa, no sólo en lo que respecta a la seguridad en Europa, sino también a la seguridad en los Estados Unidos», se señala en un memorándum secreto, de fecha 29 de enero de 1951, dirigido al secretariado ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. Además, se afirma que, ante la posibilidad «bastante probable» de que la situación mundial vaya empeorando, la Junta de Jefes Militares cree «que ha llegado el momento de que los Estados Unidos le den más peso a las consideraciones militares en lo que respecta a España. Se trata de utilizar España para la defensa común no sólo de la península Ibérica, pero no sería realista hacerlo sin contar con la información que nos debe proporcionar el propio Ejército español». España les interesa enormemente y consideran que algo tendrán que ofrecer a cambio de su cooperación.

En un documento anterior, de fecha 15 de enero de 1951, también dirigido al Consejo de Seguridad, se señala:

En el caso de un ataque soviético a Europa Occidental, el gobierno español, que ha sido aguijoneado por las naciones occidentales durante años, es perfectamente capaz de ponerse en una situación de neutralidad. Cuanto más se tarde en empezar esta cooperación con España, más estamos alimentando ese sentimiento de neutralidad o, al menos, animando a que los españoles lleguen a poner un precio exorbitante a su cooperación.

Reanudadas las relaciones diplomáticas entre el régimen franquista y Estados Unidos, Truman comienza a estudiar el tema español y, a finales de enero de 1951, el embajador estadounidense en España, Stanton Griffis, recibe información al respecto. Entre sus instrucciones está la recomendación de proponer a Franco un nuevo Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con España. José Félix de Lequerica, embajador español en Washington, ya ha obtenido, a finales de 1950, la aprobación de una ayuda de 62,5 millones de dólares, con lo que España se convierte en el único país europeo que recibe ayuda norteamericana a través de la ECA (Economic Cooperation Administration) —creada para distribuir las asignaciones del Plan Marshall—, sin haberla pedido oficialmente y sin mediar aún acuerdo bilateral alguno.

Durante su primera entrevista oficial, el embajador Griffis se interesa por el problema de la libertad religiosa en España, una de las obsesiones de Truman, y pasa luego a plantear el deseo de su Gobierno de establecer bases en nuestro suelo. Ante la claridad de la propuesta, Franco manifiesta su desinterés por la recién creada OTAN, pero asegura que estaría satisfecho de suscribir un acuerdo bilateral con Estados Unidos. En el horizonte se vislumbran ya las instalaciones militares de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza. La creación de la red de bases norteamericanas en España se concebirá, exclusivamente, en función del dispositivo bélico de Estados Unidos en Europa.

En junio llega el almirante Sherman, jefe de Operaciones Navales estadounidenses, para entrevistarse con Franco e iniciar de manera oficial las negociaciones en torno a las bases. La primera entrevista entre el dictador y Sherman tiene lugar el 16 de junio de 1951, y en ella están presentes también el embajador Griffis y el marqués de Prats.

Sherman resume para Franco una versión suavizada de los problemas militares con los que se pueden llegar a enfrentar los dos nuevos aliados en el caso de que se produzcan hostilidades, y comenta brevemente el problema del despliegue de fuerzas aéreas y navales en apoyo de la defensa de Europa Occidental. Luego le anuncia, con prudencia, las necesidades estadounidenses:

Señalé entonces las medidas que parecen necesarias llevar a cabo en la situación actual. Estas incluyen privilegios de tránsito y de operatividad aérea en España, en el Marruecos español y en Canarias. También señalé nuestra necesidad de fondear en las aguas territoriales españolas en las mismas áreas, así como en Baleares, e indiqué nuestra concepción de las operaciones antisubmarinas y de las operaciones de portaaviones en el Mediterráneo.

Los aliados de Estados Unidos no tardan en manifestarse en contra de estas conversaciones. Los primeros que lo hacen son los británicos, que se encuentran cada vez más desplazados. El 25 de julio, y ante la Cámara de los Comunes, el secretario de Exteriores británico, Herbert Morrison, afirma haber expresado a las autoridades de Washington «nuestra convicción de que las ventajas estratégicas que se deriven de la asociación de España a la defensa occidental se verán superadas por el perjuicio político que tal asociación puede acarrear a la comunidad occidental de naciones». En el mismo sentido, Francia objeta el desequilibrio de poder en el Mediterráneo y el norte de África que tal alianza puede producir. En el fondo, queda claro que lo que más se teme, tanto por parte británica como francesa, es una retirada estratégica de las líneas de defensa norteamericanas desde el Rhin hasta los Pirineos, simultánea a una «degradación moral» de la Alianza Atlántica.

Para disipar estos temores, el secretario de Estado norteamericano, Acheson, tiene que formular una declaración en torno a los siguientes principios: la OTAN es la piedra capital de la defensa de Occidente, los aliados atlánticos seguirán contando con una «nítida prioridad» en la ayuda estadounidense y Europa Occidental, en ningún supuesto estratégico, se verá abandonada, para su liberación posterior, a favor de una posición de defensa detrás de los Pirineos. El almirante Sherman fallece en Nápoles repentinamente, pero las negociaciones están encarriladas ya por una senda segura y, a finales de agosto, llega a España una nueva misión militar, encabezada por el general de división norteamericano James Spry. Él se encarga de realizar los exámenes oportunos para determinar la posible ubicación de las bases. Desde el comienzo de los contactos, el Pentágono ya ha hecho explícito su interés por contar con una base en las inmediaciones de Cádiz. En otoño llega a España otra misión, ésta económica, bajo la dirección del profesor Sidney Suffrin, para estudiar la situación económica de España y evaluar cuál debe ser el alcance de la ayuda norteamericana, de acuerdo con las necesidades del régimen.

Según publica el New York Times del día 31 de agosto, las contrapartidas reclamadas por Franco son las siguientes: un préstamo o subvención para ayuda militar y económica que se añadirá a los 400 millones de dólares pedidos inicialmente; una garantía de que no habrá «interferencia» de Estados Unidos en los asuntos internos españoles, y un acuerdo por el cual no se requerirá que las tropas españolas sirvan fuera de España. Además, en caso de guerra, cualquier ejército occidental que se retire a España quedará de inmediato bajo mando estadounidense o español.

Mientras tanto, la marcha de las negociaciones produce ciertos movimientos de oposición interna en ambas partes. En Estados Unidos, los liberales no cesan de exponer la contradicción que significa negociar con un ex aliado del Eje, apenas seis o siete años después del final de la Segunda Guerra Mundial. El New York Times va más lejos en su editorial del 30 de agosto de 1951:

Esto [las negociaciones] constituye el mayor fraude de la política exterior norteamericana para con los deseos de nuestros principales aliados, e implica un problema que durante quince años ha dividido a la opinión pública norteamericana como ningún otro lo ha hecho en nuestra historia. ¿Son mayores las ventajas militares prácticas de un acuerdo con España que las desventajas políticas y militares? Habiendo afrontado la mayor guerra de la historia para derrotar al fascismo, ¿es la nuestra una situación tan desesperada como para hacer de un régimen fascista uno de nuestros aliados? … Uno de los nítidos hechos con los que los americanos han de encararse es que, si seguimos adelante con estas negociaciones, estaremos ayudando a perpetuar a Franco en el poder mientras viva y le interese permanecer como dictador de España. Esa será nuestra responsabilidad ante la historia.

En enero de 1952, el Pentágono se excusa insistiendo en el interés militar de las bases, pero afirmando que se trata de una decisión política más que militar. Y un mes después, el presidente Truman declara que no siente ningún afecto por el régimen español. Incluso llega a decir: «I hate Spain» («Odio a España»). Esto provoca una nota de protesta por parte de la embajada española en Washington. Pero Franco no se inmuta, necesita el acuerdo, sabe lo que vale la península Ibérica y se siente absolutamente seguro del terreno que pisa.

A finales de febrero viaja a España el secretario de Estado para Asuntos Europeos, George W. Perkins, el funcionario norteamericano de más alto rango que visita, hasta ese momento, la España de Franco. Durante su estancia, Perkins asegura al Gobierno español que Estados Unidos está decidido a iniciar su política de ayuda. Finalmente, el secretario de Estado, Acheson, manifiesta que las negociaciones específicas sobre las bases se iniciarán con la llegada del nuevo embajador estadounidense, MacVeagh. Éste llega el 21 de marzo de 1952, acompañado por un equipo de asesores militares bajo la dirección del general de división Kissner, de las Fuerzas Aéreas, y de asesores económicos encabezados por George Train, de la Mutual Security Agency.

En España, las voces discordantes no tienen cauces para manifestarse en contra de los acuerdos. La oposición antifranquista sigue siendo objeto de una represión feroz y la propia estructura del régimen impide que adquiera relevancia el rechazo de los ultras nacionalistas y tradicionalistas, para quienes la pérdida de Cuba y Filipinas aún está muy presente. El bunker católico, por su parte, se muestra reacio a aceptar las relaciones con los protestantes heréticos. Pero estas actitudes no inciden en absoluto en el desarrollo de las conversaciones con los norteamericanos. De todos modos, Franco procura que el Concordato con la Santa Sede se firme antes de que concluyan las negociaciones con los norteamericanos.

La falta de entusiasmo del presidente Traman, muy despreciativo con España, retrasa las negociaciones, en las que Franco está aún más interesado que los estrategas militares norteamericanos. El proceso se agiliza con la llegada de un antiguo militar a la Casa Blanca, Eisenhower, y de John Foster Dulles13 a la Secretaría de Estado, en enero de 1953. Su hermano, Allen Dulles, es el director de la CIA. El embajador norteamericano MacVeagh es sustituido por James C. Dunn14. Por parte española, Alberto Martín Artajo encabezaba las negociaciones, con el asesoramiento del general Jorge Vigón y del ministro de Comercio, Manuel Arburúa. Finalmente, el 26 de septiembre se firman en Madrid los tres acuerdos entre España y Estados Unidos. «¿Podríamos con nuestros propios medios, sin colaboración exterior, asegurar a nuestra nación contra la agresión comunista?», dice Franco en las Cortes. Y remacha: «Al fin he ganado la guerra».

Los norteamericanos imponen unas condiciones leoninas, porque saben que la firma de los acuerdos otorga carta de naturaleza internacional a la dictadura de Franco, muy aislada hasta ese momento. Tres acuerdos del Ejecutivo norteamericano, que no precisan ser ratificados por las Cámaras representativas de Estados Unidos, convierten a España en una aliada subalterna de la primera potencia occidental y permiten al Gobierno de Eisenhower establecer una nueva plataforma anticomunista en una zona con enorme importancia estratégica. El acuerdo de defensa autoriza el establecimiento de bases aéreas y navales —y otras instalaciones militares complementarias— «de utilización conjunta», bajo el mando y la soberanía españoles.16 No se concreta el número de instalaciones ni las obligaciones mutuas en caso de guerra. Las negociaciones fijaban un máximo de ocho o nueve bases, pero Estados Unidos considera suficiente construir cuatro importantes, además de una serie de establecimientos especializados anexos. «Al margen de lo que esos acuerdos significaron como apoyo al régimen de Franco, las unidades empiezan a recibir ayuda norteamericana en material: casi siempre se trata de material de desecho, o casi, procedente de la Segunda Guerra Mundial y de la de Corea», señala Fernando Reinlein. «Además, habrá que pasar por la humillación de presentar periódicamente ese material a la inspección de técnicos estadounidenses.»

El acuerdo de ayuda económica engloba los préstamos recibidos por España en 1951 y 1952, durante las negociaciones, y la amplía a 226 millones de dólares hasta junio de 1954. España, según los términos del acuerdo, debe utilizar ese apoyo financiero para estabilizar la economía, equilibrar el presupuesto y promocionar la economía de libre empresa. La discriminación norteamericana ante la débil posición internacional de Franco queda clara al retener hasta un 60 por ciento de la ayuda para los gastos norteamericanos en España, cuando similares acuerdos con otros países fijan la cantidad en un 10 por ciento.

Por último, el acuerdo de asistencia defensiva mutua estipula obligaciones por ambas partes, como préstamos de materiales y servicios requeridos para la mayor eficacia del pacto, intercambio de patentes y «promoción de la paz». Se establece el plazo de un año para poder denunciar los acuerdos. Además, el Gobierno de Franco tiene que mantener la estabilidad de la peseta y cooperar con Estados Unidos en el control del comercio «con las naciones que amenazan la paz». Y aún queda un punto fundamental: España debe «aceptar todo el personal estadounidense como miembro de la Embajada». La CIA ya puede colarse, con toda facilidad, por unas puertas abiertas de par en par.

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