Fuente: A Fondo num 1/2017/David Morales Urbaneja/Público

Varios países africanos acusan a la Corte Penal Internacional (CPI) de parcialidad. Burundi, Sudáfrica y Gambia han anunciado que se retiran del Estatuto de Roma por su sesgo racista. En su Asamblea del pasado noviembre en La Haya, las representaciones de Kenia y Namibia fueron las más duras contra la CPI. Otras, como la de Chad, ni siquiera acudieron. Consideran que la CPI es un tribunal creado por Occidente para acabar con los dirigentes africanos que no son de su agrado. El ministro de Información de Gambia, Sheriff Bojang, lo denominó «Corte Internacional Caucásica para la persecución y humillación de la gente de color» y habló de la «incapacidad de la CPI para acusar al ex primer ministro británico, Tony Blair, por la guerra de Irak».

Las cifras, desde el punto de vista numérico, parecen estar de su parte: los únicos cuatro condenados hasta ahora son africanos (Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Katanga y Al Mahdi) y de las diez investigaciones abiertas actualmente por la Fiscalía, nueve conciernen a países del mismo continente con la excepción de Georgia (dos en Centroáfrica, Mali, Costa de Marfil, Libia, Kenia, Sudán, Uganda y RDC).
Fatou Bensouda, de Gambia, que tomó posesión del cargo de Fiscal General de la CPI en 2012, dijo en su primer encuentro con la prensa internacional: «Se habla de que ponemos mucho énfasis en África, pero la fiscalía no alienta los conflictos. Tiene la obligación de perseguir a los culpables y ayudar a los afectados».
No obstante, la clave para entender el principal problema de la CPI no es tanto quiénes quieren abandonarla, sino quiénes nunca han estado. Los países con más fuerza militar del planeta no han ratificado el Estatuto de Roma ni tienen intención de hacerlo. Hablando en plata: Estados Unidos, Rusia, China e Israel no están bajo la jurisdicción del alto tribunal, lo cual pone de manifiesto que son las propias potencias las que no respetan el Estado de derecho.
De los tres países que han anunciado su retirada, Sudáfrica es el que tiene más peso político. Sus tensiones con la CPI se pusieron de manifiesto en junio de 2015, cuando este país alojó la 25ª cumbre de la Unión Africana. El evento contó entre sus invitados con el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, a quien el alto tribunal busca por genocidio en Darfur. Sudáfrica, como firmante del Estatuto de Roma, tenía la obligación de arrestarlo y extraditarlo a La Haya, pero se negó.
Diferente es el caso de Burundi, al que la Fiscalía tiene en la lista de «examen preliminar» por la muerte de 430 personas, el arresto de 3.400 y el desplazamiento forzoso de 230.000 en los últimos conflictos.
Gambia, en cambio, podría dar marchar atrás y anunciar que  finalmente no se retira de la CPI. Seguramente, ahora que finalmente sube al poder el opositor Adama Barrow, el país no abandonaría la CPI.
La tensión entre Kenia y la CPI no es nueva. Ha sido constante desde marzo de 2010, cuando la Fiscalía decidió abrir una investigación por la ola de violencia desatada tras las elecciones de diciembre de 2007. La Fiscalía apuntó alto e intentó procesar tanto al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, como a su vicepresidente, William Ruto.
El caso de Costa de Marfil se hace difícil de digerir también ya que, cuando con la ayuda de Francia Outtara tomó el poder, Gbagbo fue arrestado y trasladado a La Haya, donde fue juzgado. «Parece un tribunal de vencedores.  Efectivamente, sus tropas cometieron crímenes, ¿pero y las milicias de Ouattara? Nadie ha respondido por esos delitos y él está gobernando tranquilamente», explica Mbuyi Kabunda, profesor universitario de Relaciones  Internacionales de África y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, que asegura que «la intervención de Francia, bombardeando la residencia de Laurent Gbagbo, es otro crimen».