Una familia lleva a juicio a la Cdad de Madrid por «inoperancia» en caso…

Fuente: El Diario/

Una familia lleva a juicio a la Comunidad de Madrid por «inoperancia» en un caso de acoso escolar racista a su hija

El proceso al que se enfrenta la CAM es una demanda contencioso-administrativa por supuestas negligencias e irregularidades en la aplicación de diferentes protocolos, explica la madre, Petra Ferreyra. «Queremos que la Comunidad de Madrid asuma su responsabilidad ante la falta al deber in vigilando. Ante su inacción, su falta de empatía, de profesionalidad y de cuidado de un menor que a raíz de su inoperancia tiene graves secuelas», describe.

La Consejería de Educación sostiene ante eldiario.es que durante el curso 2016-2017 visitó el CEIP la Unidad de Emergencia contra el acoso escolar de la CAM –un equipo multidisciplinar formado por inspectores educativos, psicólogos, expertos en convivencia y asesores jurídicos y policiales– y el servicio de Inspección Educativa para estudiar el caso, y «no se detectó acoso». «Se encargaron de verificar la situación in situ, como se hace en todos los casos en los que puede haber sospechas». Esto es lo que defenderán este martes en el juicio.

La familia cuenta que la menor ya había sufrido episodios racistas desde que cursaba Educación Infantil, pero los acontecimientos por los que llevan a los tribunales a la CAM se remontan al curso 2016-2017, cuando Camila tenía 10 años. Fue entonces, relata la madre, cuando comenzó a sufrir un «acoso cruel y violento por parte de niños y niñas del centro». En ese año 2016, los padres de Camila pidieron la apertura del proceso de detección de acoso escolar contemplado en el Protocolo de la CAM. Se cerró a los pocos días, como alude la Consejería. En ese tiempo, según el testimonio de su madre, Camila llegaba a casa «con ataques de llanto y pánico» y entró «en una espiral de depresión y estrés postraumático diagnosticados por su pediatra de zona y por peritos psicológicos».

Denuncia grupal en junio de 2017

Al final de ese curso, en junio de 2017, Petra Ferreyra se unió a otros padres y madres del Cardenal Herrera Oria «cuyos hijos eran víctimas de acoso» y sobre los que «el centro negaba asumir toda la responsabilidad». Entre todos reunieron 1.500 firmas y denunciaron los casos en los medios de comunicación. Aquello derivó en la dimisión de la directora, sustituida por su jefa de estudios.

«La Viceconsejería de Educación nos reúne a todos e indica que en la destitución de la directora hay implícito un reconocimiento de culpa», recuerda Petra, y «nos piden que la niña continúe en el centro, pues se iban a tomar todas las medidas necesarias». eldiario.es tuvo acceso en agosto de 2017 a unos audios en los que la entonces viceconsejera de Organización Educativa, María José García-Patrón, admitía, en relación a la denuncia grupal, que «hay cosas que ya le hemos dicho a la directora que no se pueden repetir. Ella lo ha reconocido. Vamos a corregir actitudes que teníamos que haber corregido antes».

En ese mismo junio de 2017, «y a raíz de salir en los medios», se abrió un segundo protocolo de acoso sobre Camila que se alargó hasta el siguiente curso, 2017-2018, cuenta la familia. La nueva dirección «se comprometió a proteger a nuestra hija frente a la Viceconsejería de Educación», pero «se escudaba en que eran percepciones suyas, por el estado psicológico en el que se encontraba». Desde el colegio les dijeron que «deben tener un plan B» porque a ellos «la situación se les va de las manos».

Cambio de centro de la niña y carta de Cifuentes

La familia de Camila, después de que la niña fuese dada de baja por su pediatra por depresión y ansiedad, pidió a la Dirección del Área Territorial (DAT) un cambio de centro. Lo consiguieron, a otro colegio público, mediante un proceso extraordinario. Comenzó el 17 de octubre de 2017. Ahí, escribe Petra, Camila «vuelve a ser ella, una niña con tremendas ganas de vivir».

La entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, llegó a enviar cuatro cartas a la madre de Camila durante todo el proceso. En una, fechada a julio de 2017 –tras la polémica de las firmas–, le transmitía su solidaridad y reconocía fallos en la aplicación de los protocolos: se había abierto uno en el colegio, decía, «sin que se informara en el plazo debido a la lnspección». También escribía que «se han observado algunas deficiencias, por ejemplo en lo que respecta a vuestra participación [de los padres de Camila] en el proceso». Cifuentes afirmaba haber dado «las oportunas indicaciones» a la Dirección del Cardenal Herrera Oria para que «en lo sucesivo dé cumplimiento con rigor a lo dispuesto en las lnstrucciones de actuación» y aplique la guía «siguiendo todas las previsiones en ella incluida».

Antes de pasar a la vía judicial, la familia de Camila habían intentado una reclamación por la vía civil contencioso-administrativa. Quedó desestimada por silencio administrativo, es decir, no obtuvieron respuesta. Para este nuevo proceso cuentan con el respaldo de Ukuaji, Asociación Antirracista de Madres de Afrodescendientes. Una portavoz valora que el caso de Camila es «especialmente grave», pero, en general, están preocupadas por el acoso racista a sus hijos e hijas «en cualquier entorno, pero sobre todo en el escolar. Son muy pequeños y sufren mucha desprotección. No es puntual: hablas con una madre y a uno le han dicho que es de color caca, a otra le han tirado de las trenzas…».

Con ellas han lanzado estos días una campaña en las redes sociales, #suspensoalRACISMO. Lo que piden, para abordar mejor estas situaciones, son instrucciones específicas para cuando el bullying se produce por motivos racista, como hay por razones de LGTBIfobia. Desde la CAM, al ser preguntados por esa posibilidad, valoran que «se estudia caso por caso» y que su Plan de Lucha Contra el Acoso Escolar engloba este tipo de agresiones, aunque no lo haga de forma específica.

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