LAS REGASIFICADORAS DE ARINAGA Y GRANADILLA: DOS FUTURAS BOMBAS DE RELOJERÍA SOBRE EL ARCHIPIÉLAGO

Fuente: Canarias Semanal/Cristobal García Vera

Los accidentes con plantas de gas han sido más numerosos y tan mortales como los de las centrales nucleares

Mientras escribimos estas líneas, el mundo entero continúa en vilo por la catástrofe nuclear de Japón. Una catástrofe que ha vuelto a poner en evidencia, de la manera más dramática, la nula credibilidad de los defensores de la industria nuclear que insisten en “venderla” como una fuente de energía “limpia y segura”. Las centrales nucleares no solamente liberan radiación en forma de gases y líquidos al medioambiente durante su funcionamiento incluso en ausencia de incidentes. Además, resulta imposible garantizar que no sufrirán accidentes como el japonés -causados por un tsunami, un terremoto u otras causas naturales o humanas- con consecuencias devastadoras para la población que se pueden prolongar durante décadas o incluso cientos de años. Las radiaciones liberadas en la central nuclear de Fukushima continuarán provocando víctimas mucho tiempo después de que la prensa mundial deje de recordar lo sucedido o comience a suministrar noticias sobre la supuesta recuperación de la “normalidad” en el país asiático.

Pese a la enorme gravedad de este suceso, todos los precedentes permiten augurar que la mayoría de los gobiernos de los países que han optado por seguir impulsando la industria nuclear continuarán adelante con sus planes, tan pronto como pase la alarma con la ayuda de la desinformación oficial sobre el verdadero alcance del siniestro. En España, el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero -que llegó a la Moncloa prometiendo cerrar las centrales nucleares y ha terminado por decretar que éstas continúen operando más allá del tiempo para el que fueron concebidas- ya ha manifestado que “no se puede debatir en caliente sobre este tema”. Una manera diplomática de dejar claro que su orientación pronuclear no será modificada por ningún accidente. Aunque no se puede minimizar la influencia que en este tipo de decisiones tiene un poderoso lobby cuyos tentáculos alcanzan a los gobiernos europeos y de EE.UU. – también al español – la causa última de esta aparente sinrazón es estructural. El crecimiento indefinido que la economía capitalista necesita para no colapsar exige un aporte de energía también creciente que resulta imposible sostener a largo plazo. Esta pretensión desarrollista es sencillamente inviable, incluso con la suma de los aportes de todas las fuentes no renovables y renovables existentes. Admitir dicha realidad, sin embargo, no es una opción que pueda considerarse sin cuestionar el propio sistema, lo que ha situado a la humanidad ante una encrucijada en la que el factor tiempo ya es decisivo.

Posiblemente la nuclear es la peor de las “salidas” halladas por el sistema capitalista para enfrentar la contradicción irresoluble entre su dinámica esencial de expansión continúa -y depredadora- y la finitud de los recursos del planeta. No es, sin embargo, el único tipo de industria que trata de imponerse a pesar de los graves riesgos que comporta y de que realmente estén lejos de solucionar el problema energético. En Canarias, los ejecutivos central y autonómico están firmemente decididos a introducir el Gas Natural Licuado para, supuestamente, “disminuir la vulnerabilidad y dependencia energética del Archipiélago”. En su reciente visita a las Islas, el también pronuclear ministro de Industria Miguel Sebastián manifestaba públicamente que “la introducción del gas en Canarias es una de sus principales apuestas”. Sebastián coincidía con el presidente regional Paulino Rivero en que “el gas es un elemento estratégico” y en la “necesidad de que llegase ya a Gran Canaria”.

Esta última mención no era gratuita. Actualmente está prevista la construcción de dos plantas regasificadoras en los municipios de Granadilla, en Tenerife, y Arinaga, en Gran Canaria. La primera de ellas cuenta con la oposición de los ecologistas y los movimientos sociales de la isla picuda. En Gran Canaria, sin embargo, al rechazo de los ecologistas se suma también el de la Mancomunidad del Sureste. En este caso se da la paradoja de que la oposición institucional se encuentra encabezada por el alcalde de Agüimes Antonio Morales. El mismo que hace algunos años impuso la construcción del puerto de Arinaga que hoy se pretende que albergue la instalación gasística. Aunque el primer edil cuestiona teóricamente la necesidad de introducir esta fuente de energía -con datos y argumentos contundentes- su negativa fundamental se dirige a la intención de los gobiernos español y canario de situar en tierra la planta regasificadora, por el indudable riesgo que ello conlleva. Y es que, en efecto, estamos hablando de instalaciones especialmente peligrosas que han sufrido accidentes con víctimas mortales en todo el mundo. En 1984, el siniestro de una planta de gas licuado en San Juan de Ixhuatepec (México) provocó 5.000 muertos, 4.200 heridos y más de mil desaparecidos. Ardieron 6.500 toneladas y las llamaradas alcanzaron 300 metros de altura. La radiación térmica fue tal que solo fueron reconocidos el 2% de los cadáveres y unas 20 hectáreas de superficie fueron afectadas por la explosión y la radiación. En 2004 otro accidente en una planta de Argelia costó 27 muertos y 80 heridos. La lista incluye plantas accidentadas en Staten Island (New York), Maryland, etc. Estos y otros antecedentes, sin embargo, no han bastado para que el Gobierno “de la gente” y el Ejecutivo socialdemócrata de Rodríguez Zapatero se planteen siquiera la opción sugerida por el propio Morales como “mal menor”. La construcción de plantas “off shore” – mar adentro – alejadas de las zonas pobladas y con menor impacto visual. La planta que actualmente está proyectada en Gran Canaria exigiría levantar, entre otras estructuras, dos depósitos para el gas de la altura de un edificio de veinte plantas. No es difícil imaginar el desastre que provocaría un incendio accidental de esas enormes bombas inflamables.

El “mal menor”, sea como fuere, resulta tan inadmisible como esta opción temeraria. Como bien apuntan los ecologistas de Ben Magec, la apuesta por el gas implica profundizar en un modelo energético basado en el consumo de combustibles fósiles que tiene una cada vez más cercana fecha de caducidad. No disminuye, sino todo lo contrario, la dependencia energética del Archipiélago y no sería rentable para las islas ni siquiera aplicando el más estrecho análisis economicista. Para comprender por qué, pese a todo, se empeñan en introducir el gas los gobiernos autonómico y español resulta imprescindible recordar que también habrá quienes obtengan pingües beneficios con el nuevo negocio. En el año 2005, el Gobierno canario privatizaba, a dedo, la Compañía Transportista de Gas de Canarias SA (GASCAN). Para el reparto del pastel se creó ad hoc la entidad Regional Canaria de Energía S.L, integrada por un “selecto” grupo de empresarios de las dos provincias que se hicieron con el 40% de GASCAN por el más que módico precio de 1,6 millones de euros. Estos empresarios constituyeron sendas Sociedades Anónimas para canalizar su productiva inversión. Una en Las Palmas, denominada Agrupación Energética de Canarias, S.A. y formada por Lopesan, Satocan, Astican, Pérez Moreno, Laymos y Pedro Agustín del Castillo. La otra en Tenerife, bajo la denominación de Inversiones Energéticas de Tenerife, S.A. Como accionistas de esta última figuran las empresas de Pedro Suárez, Antonio Plasencia, José Fernando Rodríguez de Azero y Pedro Luis Cobiella. En el negocio del gas participarán también con una presencia destacada la multinacional española ENDESA -accionista de GASCAN– y Enegás –participada por el Estado español –, que ya han anunciado una inversión de 200 millones de euros para la regasificadora de Granadilla.

En esta ecuación, huelga decirlo, para los ejecutivos regional y español son variables despreciables tanto la imperiosa necesidad del Archipiélago de avanzar hacia la soberanía energética antes de que el cénit de los combustibles fósiles nos conduzca a una crisis sin precedentes, como la propia seguridad de los canarios. Los responsables de una posible catástrofe futura se encuentran, por tanto, suficientemente identificados.

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